El Ayuntamiento de Cartagena multará con hasta 3.000 euros el acoso de la mendicidad agresiva y los servicios sexuales cerca de colegios

Cartagena

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado inicialmente este jueves la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, un marco legal que busca atajar la degradación del espacio público y las conductas que alteran la vida diaria de vecinos y comerciantes. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presentado el texto como una herramienta "realista" y necesaria porque, según ha explicado, “la convivencia necesita reglas claras, capacidad de reacción y una administración preparada para actuar cuando el espacio público se degrada y la calle deja de servir al uso común”.

Uno de los puntos más importantes de la norma es la lucha contra el vandalismo que castiga las arcas municipales. Arroyo ha sido muy contundente al señalar que “nos gastamos mucho dinero en partidas de mantenimiento y de reposición para llevar a cabo la sustitución de papeleras arrancadas, contenedores quemados o el gamberrismo contra los juegos infantiles”. Por ello, la ordenanza introduce una responsabilidad económica directa: “La sanción no sustituye el coste del daño; la ordenanza permite la exigencia de reposición del bien, la reparación y la indemnización, es decir, que quien rompe no solamente puede ser multado, sino que además puede tener que pagar el arreglo”.

En cuanto a la mendicidad, la alcaldesa ha querido despejar cualquier duda sobre el enfoque social de la norma. “Esta ordenanza no sanciona la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan a nuestros vecinos que se sienten acosados o que les impiden el paso”, ha aclarado. Sin embargo, el texto será implacable con la explotación de colectivos vulnerables: “Si la mendicidad se ejerce directa o indirectamente con acompañamiento de menores o con personas con discapacidad, la infracción está considerada muy grave y la multa está reflejada entre los 1.500 y 3.000 euros”. Además, ha recordado que “el decomiso de los medios empleados y del dinero obtenido” será inmediato en estos casos para prestar atención urgente a los menores.

La ordenanza también actúa contra las actividades de coacción en la vía pública, como los "limpiaparabrisas" o "gorrillas". La regidora ha especificado que se sancionará a quien “ofrezca objetos o servicios no solicitados a viandantes o conductores” o a quien “invada la calzada, por ejemplo, para limpiar parabrisas en los semáforos”, elevando en estos casos la gravedad de la infracción.

Respecto a la prostitución, la norma prohíbe solicitar o negociar servicios sexuales retribuidos en la calle, con especial dureza en zonas sensibles. “Si esas conductas se producen a menos de 200 metros de un centro educativo la sanción puede alcanzar hasta los 1.500 euros”, ha advertido Arroyo, aunque insistiendo en que “no se sancionará lógicamente a las víctimas de explotación sexual; para ellas el Ayuntamiento tiene otros recursos que son información, ayuda y acompañamiento para poder abandonar esas prácticas”.

Finalmente, la alcaldesa ha hecho hincapié en que el espíritu de la ley no es recaudatorio. “La ordenanza no se ha redactado ni se ha elaborado para recaudar; no tiene un afán recaudatorio en sí mismo, sino que el afán primordial es reparar los daños causados y hacer de los espacios públicos espacios de convivencia”, ha sentenciado. Para lograrlo, el texto reserva un espacio fundamental a la mediación para buscar “una solución dialogada antes de llevar a cabo la sanción”, especialmente con menores, con el fin de que “el menor entienda el daño que ha causado y que se acuerde la forma de repararlo”.