Cartagena tramita más de mil informes de vulnerabilidad en tres días

Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha gestionado desde el pasado lunes más de 1.100 solicitudes de informes de vulnerabilidad, un trámite que, en condiciones normales, apenas registra tres peticiones a la semana. Este salto exponencial supone, según la alcaldesa Noelia Arroyo, que los Servicios Sociales han tenido que absorber en menos de una semana un volumen de trabajo que habitualmente les llevaría mucho más tiempo en completar.

La alcaldesa de Cartagena ha calificado la situación de "caos" y ha señalado directamente al gobierno de España por la "improvisación e irresponsabilidad" en este asunto. Según la regidora, el Ejecutivo central ha puesto en marcha la medida "sin ofrecer instrucciones técnicas ni recursos adicionales", dejando a los ayuntamientos la tarea de gestionar un aluvión de expedientes sin precedentes y sin una coordinación previa que unificara criterios.

Despliegue de traductores y turnos de tarde para evitar el colapso

Ante este escenario, el consistorio cartagenero ha tenido, dice Arroyo, que reaccionar de forma inmediata para evitar el bloqueo de los Servicios Sociales. Se han reforzado las plantillas, ampliado los horarios y establecido turnos de tarde, destinando recursos municipales para cubrir este sobreesfuerzo. "Hemos desplegado personal técnico y traductores incluso a pie de calle, gestionando las colas de forma anticipada para que la atención sea digna", ha explicado Arroyo, quien ha destacado el "compromiso y profesionalidad" de los empleados públicos.

La regidora ha lamentado que el Gobierno de España no haya convocado a los ayuntamientos a una reunión informativa hasta la semana que viene, cuando la medida ya lleva quince días en vigor y los efectos del decreto son plenamente visibles. "El Ayuntamiento de Cartagena tiene capacidad porque es un gran ayuntamiento, pero otros municipios con menores recursos están teniendo problemas muy graves", ha asegurado la alcaldesa.

Finalmente, el Gobierno local ha garantizado que, a pesar de este pico de trabajo derivado de la regularización, se están tomando todas las medidas necesarias para que el resto de gestiones habituales de los cartageneros en los Servicios Sociales no se vean perjudicadas por este proceso administrativo.