José Matías Peña advierte de que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear no soluciona la magnitud de la crisis química en Torreciega

Cartagena

El reciente dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear que descarta la radiactividad en Torreciega no ha traído la tranquilidad que lleva esperando el colectivo vecinal décadas. El investigador y especialista en suelos contaminados, José Matías Peña, ha dejado claro en Radio Cartagena que este paso administrativo no soluciona el verdadero problema de fondo. Según el experto, centrar el foco en la seguridad radiológica es un error que oculta una realidad mucho más peligrosa y urgente como es el estado de abandono de los residuos industriales que siguen acumulados junto a las viviendas.

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Para Peña, el anuncio del organismo estatal no cambia en absoluto el escenario de riesgo para la salud pública. "Que no haya radiactividad en esos residuos, que era de suponer, no significa que realmente no exista un problema de contaminación de una magnitud tremenda desde el punto de vista químico", explica el investigador. La clave está en la falta de sellado de los vertederos autorizados hace décadas, lo que permite que el entorno sea castigado diariamente por la erosión. "Esos residuos peligrosos están siendo erosionados y dispersados continuamente por la acción del agua y por la acción del viento porque el vertedero no ha sido clausurado conforme a las leyes europeas", advierte.

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Para Peña el impacto va más allá, asegura, porque la situación tiene consecuencias en los hogares de los vecinos de Torreciega. El especialista revela datos de sus investigaciones sobre la afección para la salud de los vecinos del barrio. "En el polvo doméstico de las viviendas hemos hallado concentraciones de cadmio con niveles de 800 miligramos por kilo que son inimaginables de tener dentro de una casa", relata Peña, quien asegura que lo peor de este tipo de contaminación es que es "invisible e inodora, pero se acumula día tras día". "Vivir en Torreciega no es para nada recomendable; esas personas tendrían que tener equipos de protección individual y mascarillas", añade.

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La situación administrativa del terreno se encuentra en un callejón sin salida tras el rechazo de la Comunidad Autónoma al plan de la propiedad. Según explica José Matías Peña, el proyecto de Cartagena Parque no ha sido valorado positivamente porque la existencia del vertedero impide legalmente cualquier desarrollo urbanístico en un radio de 4 kilómetros, lo que anula la posibilidad de construir viviendas en la zona. Además, Peña señala que la exigencia de la Comunidad Autónoma de trasladar los residuos a otro punto es, en la práctica, imposible. "Trasladar cerca de cinco millones de toneladas de residuos peligrosos costaría unos 1.200 o 1.300 millones de euros, lo cual hace inviable cualquier tipo de actuación", explica, contrastando esta cifra con el proyecto de sellado in situ que podría haber sido una salida técnica. A esto se suma un complejo laberinto legal, ya que el experto revela que existen "cerca de 250.000 metros cuadrados que albergan cuatro millones de toneladas de residuos cuya titularidad es, a día de hoy, desconocida".

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Finalmente, el investigador alerta de que mientras el problema se dirime en los juzgados y entre despachos, la contaminación se sigue "extendiendo por toda la comarca de Cartagena", alcanzando incluso a las parcelas agrícolas. "Si usted tiene un foco de contaminación que no se sella, está emitiendo metales que salen para quedarse en otro sitio", sentencia Peña, haciendo un llamamiento a las autoridades para que afronten la realidad química de Zinsa más allá de los trámites burocráticos sobre radiactividad que, según su criterio, solo sirven para ganar tiempo mientras la contaminación sigue en el suelo.

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Sin afectación radiológica

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear supone, por tanto, un paso administrativo necesario para avanzar en cualquier plan de futuro para esta extensa parcela junto al casco urbano. Sin embargo, el dictamen sólo cubre una parte de la seguridad ambiental. El reto ahora sigue estando en manos de la propiedad y de las autoridades regionales para asegurar que la limpieza química se complete y se ponga fin a uno de los episodios de abandono industrial más largos de la historia reciente de Cartagena.

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