Arroyo denuncia una maniobra de "dilación vergonzante" del Gobierno para bloquear la Ciudad de la Justicia

Cartagena

El proyecto de la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena se encuentra en un nuevo punto de fricción que amenaza con retrasar, una vez más, el inicio de las obras. Tras la reunión mantenida entre el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el Colegio de Abogados de Cartagena, la gestión administrativa ha derivado en un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de los plazos y la seguridad medioambiental de la parcela elegida.

La postura del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se mantiene en la exigencia de garantías totales antes de proceder a cualquier licitación. Lucas ha subrayado que el Ministerio de Justicia está en disposición de comenzar las actuaciones “en cuanto tenga la cesión formal de la parcela por parte del Ayuntamiento, una vez hayan culminado todos los trámites obligatorios”. Según el delegado, el Ejecutivo central ha estado “pendiente y esperando que se culminara la tramitación municipal de la segregación de la parcela, del acuerdo sobre la urbanización y de los estudios de tráfico”, competencias que, recalca, “en ningún caso eran del Ministerio”. Asimismo, ha elevado la preocupación por posibles terrenos contaminados, señalando que esta cuestión “deberá ser garantizada en la cesión definitiva, a fin de evitar cualquier retraso futuro por circunstancias no previstas”.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reaccionado con dureza a estas advertencias, calificándolas como una estrategia política para frenar el progreso de la ciudad. “Hay una nueva maniobra de dilación por parte del Gobierno de España para bloquear el proyecto. Es una maniobra ya demasiado vergonzante”, ha aseverado la regidora, quien sostiene que el Ministerio busca excusas en denuncias de colectivos para no invertir en la ciudad. Arroyo ha defendido que el Ayuntamiento ha enviado hasta en dos ocasiones la documentación que acredita la salubridad del terreno: “No hay suelo contaminado; hay escombros en una superficie de 10 metros cuadrados sobre los 35.000 que se están cediendo”.

Para avalar su postura, la alcaldesa ha recordado la existencia de tres evidencias científicas y técnicas. En primer lugar, un informe de hace 30 años de la empresa estatal Ingrisa que ya descartaba la contaminación; en segundo lugar, un estudio de los técnicos municipales de Medio Ambiente de 2022; y, finalmente, un dictamen del catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Ángel Faz. “Es un informe de la UPCT concluyente y aclaratorio que acredita que el suelo no está contaminado. El delegado del Gobierno lo sabe, o debería saberlo, porque ya le hemos mandado toda la documentación”, ha insistido Arroyo.

La regidora cartagenera ha ido más allá al enmarcar este bloqueo en una supuesta "estrategia de castigo" a las instituciones gobernadas por el Partido Popular. “Confunden a menudo las instituciones con las estrategias del partido. Como es un proyecto que quiere impulsar la alcaldesa de Cartagena, vamos a bloquearlo”, ha lamentado, señalando que este patrón de parálisis se repite en otros proyectos clave como el ferrocarril o la ampliación del puerto. Arroyo ha advertido que, si se persiste en la paralización basándose en "sospechas sembradas", el Ayuntamiento exigirá responsabilidades y valorará la petición de daños y perjuicios.

En este escenario de bloqueo administrativo, la Ciudad de la Justicia queda a la espera de que el Ministerio de Transportes evalúe el informe de tráfico remitido esta semana y de que se resuelva la controversia sobre el subsuelo. Mientras tanto, los profesionales del sector jurídico en Cartagena continúan reclamando una sede única que ponga fin a la actual dispersión de juzgados, una situación que, tras este último episodio, parece que tardará más de lo previsto en solucionarse.