Francisco Lucas reclama respuestas por la cantera investigada en la Región de Murcia

Cartagena

Francisco Lucas, ha reclamado explicaciones urgentes al Ejecutivo autonómico tras la investigación abierta por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en torno a una cantera de la Región, en la que se analiza un posible depósito de residuos contaminados vinculados a obras públicas. Lucas ha asegurado que se ha actuado “con seriedad, con rigor, con diligencia y sobre todo con mucha transparencia”, y ha subrayado que la prioridad ha sido esclarecer los hechos con la máxima rapidez. Según ha explicado, la investigación se ha iniciado después de que el pasado martes una mujer presentara una denuncia a título particular en el cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco. A partir de ese momento, el Seprona ha abierto diligencias y ha requerido a la Comunidad Autónoma tres cuestiones concretas.

En primer lugar, ha solicitado que se aclare si la empresa constructora contaba con autorización para extraer materiales; en segundo lugar, si la cantera disponía de todos los permisos necesarios para estar operativa; y, por último, si en ese emplazamiento se han depositado residuos contaminados derivados de la construcción de la balsa de Yeni, una actuación relacionada con obras promovidas por la administración regional. “A día de hoy, el Gobierno regional no ha dado respuesta a los requerimientos del Seprona y eso ha impedido que la investigación continúe con normalidad”, ha denunciado Lucas, quien ha emplazado al Ejecutivo murciano a contestar “de forma inmediata” para desbloquear el procedimiento.

La contaminación en el contexto de las obras del AVE

El caso ha vuelto a situar en el centro del debate la gestión ambiental de grandes infraestructuras en la Región de Murcia, especialmente aquellas relacionadas con la llegada del AVE. Durante los últimos años, distintas actuaciones ligadas a la alta velocidad han generado controversia por la gestión de tierras, escombros y materiales sobrantes. En algunos casos, asociaciones vecinales y colectivos ecologistas han alertado de la necesidad de reforzar los controles sobre el destino final de esos residuos. La posible relación entre la cantera investigada y la balsa de Yeni ha añadido sensibilidad al asunto, al tratarse de una actuación conectada con proyectos públicos.

Francisco Lucas ha planteado públicamente dos preguntas que considera esenciales para aclarar el caso. La primera, si el Gobierno regional puede garantizar que no ha utilizado materiales extraídos de esa cantera en otras obras de la Comunidad Autónoma. “¿Puede asegurar el Gobierno regional que no ha utilizado materiales de esa cantera para ejecutar obras públicas?”, ha cuestionado. La segunda se centra en la continuidad de la explotación. “Si finalmente se confirma que en esa cantera se han depositado residuos contaminados, ¿por qué sigue abierta?”, ha preguntado.

El delegado del Gobierno ha recordado además que la autorización de canteras y la extracción de materiales son competencia exclusiva de la Consejería de Industria, por lo que considera imprescindible una respuesta clara por parte del Ejecutivo autonómico.

Lucas ha insistido en que se trata de “un asunto grave” que requiere cooperación entre administraciones y no confrontación política. En ese sentido, ha pedido que se facilite toda la documentación necesaria para que la Guardia Civil pueda avanzar en sus diligencias. “Lo que tienen que hacer es dar respuesta a los requerimientos del Seprona con total transparencia”, ha afirmado.

Respuesta de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de la Región de Murcia ha exigido responsabilidades inmediatas al Ejecutivo central tras constatar que las obras del AVE entre Murcia y Cartagena se están suministrando con materiales procedentes de una cantera sin autorización. El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, ha solicitado aclarar cuánto material sin certificar se ha instalado ya en el tramo Torre Pacheco-Cartagena, calificando de inaceptable que el Estado permita estas irregularidades en un proyecto de esta envergadura.

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Miralles ha pedido al delegado que no "eche balones fuera" y ha recordado que fue su departamento el que clausuró la actividad de la explotación en menos de 24 horas tras una inspección técnica realizada el pasado viernes. Según el director general, sin la intervención autonómica, el Gobierno de España seguiría permitiendo el uso de materiales no autorizados en el trazado ferroviario.

El Ejecutivo regional defiende que la responsabilidad de supervisar la procedencia de los áridos recae íntegramente en el promotor de la obra, que es el Gobierno central. La polémica se ha intensificado ante la sospecha de que la grava utilizada pueda contener materiales contaminados procedentes de la balsa Jenny, un hecho que la Comunidad atribuye a la falta de rigor del Estado en el control de sus propios proyectos. Mientras se exige al Ministerio de Transportes que garantice la seguridad de la infraestructura, la Delegación del Gobierno ha confirmado que los trabajos continúan, aunque se ha paralizado el suministro de la cantera investigada por el SEPRONA.