En noviembre se cumple el contrato de dos años con la empresa Indra, que fue quien diseñó la aplicación Radar Covid y recibió la adjudicación del mantenimiento. Ambos contratos fueron negociados sin publicidad y tramitados por procedimiento de emergencia. La aplicación ha superado este mes el número de descargas previsto por el Gobierno, que la ideó desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España para ayudar a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). El diseño de la aplicación de rastreo costó al Gobierno 330.000 euros y 1,7 millones el mantenimiento durante 24 meses. El resto de los gastos, según una respuesta parlamentaria al diputado del Grupo Mixto, Pablo Carbonero, se desglosan en 28.459 euros para desarrollar los materiales para la creatividad de la campaña y 2.166.402 para publicidad. En total, algo más de 4,2 millones de euros. El 21% de los españoles se ha descargado la aplicación pero no todas las comunidades autónomas han cumplido con el envío de los códigos para que los ciudadanos activen su contagio en la plataforma. Si nos fijamos en la estadística de descargas de la aplicación, supera los 8 millones y medio, un 1% más de lo que esperaba el Gobierno teniendo en cuenta que hay un 43% de ciudadanos que no tiene competencias digitales. Pese a este nivel de descarga de la aplicación, el sistema de rastreo no ha funcionado porque las comunidades apenas han solicitado 3 millones de códigos para activar la notificación del contagio. “Es como si en el banco te dan la tarjeta de crédito, que funciona correctamente, pero no te dan el pin para activarla”, eso es lo que ha sucedido según la explicación en el Senado de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización. Hay comunidades como Galicia y País Vasco que han solicitado al Ministerio la totalidad de códigos que, a su vez, reclamaban los usuarios que habían bajado y activado la aplicación. Otras, como Extremadura, con más de 6.000 casos notificados, según los informe del Ministerio de Sanidad, solicitó solo 600 códigos, datos similares en La Rioja. Y llamativo el caso de Ceuta, cuya sanidad depende del Ministerio y que no solicitó ni un solo código durante toda la pandemia.