A pesar de las largas que recibió el Gobierno de Pedro Sánchez cuando empezó su campaña europea para poder fijar un tope a los precios del gas, ésta es justamente la fórmula con la que la presidenta de la Comisión quiere enfrentarse ahora a posibles cortes del suministro en en caso de que Putin opte por responder a las sanciones de la UE cortando o reduciendo el suministro que garantiza hoy. El plan de urgencia frente a la crisis energética a la que los 27 países de la UE se enfrentan desde que decidieron mantener este pulso contra el gigante ruso como respuesta a la invasión de Ucrania incluye la posibilidad de intervenir el mercado energético. Las opciones son todas conocidas: usar los sobre-beneficios empresariales en apoyo de los consumidores; prorrogar los precios reducidos para pequeñas y medianas empresas y una subvención pública para reducir los precios en las zonas donde la interconexión con otros mercados europeos, como en España, sea muy limitada y siempre que no se impongan restricciones a la exportación. Estas condiciones son bien conocidas por España y Portugal, porque tuvieron que modificar el precio de las ventas hacia Francia en la propuesta que inicialmente habían enviado a la Comisión. Pero el equipo de Von der Leyen considera que todas estas medidas podrían ser insuficientes si hay cortes en el suministro ruso y por esto prevé, como complemento, la posibilidad de fijar si es necesario y a «nivel europeo» un precio máximo al gas como respuesta a una ruptura de suministro. La Comisión precisa que la medida sería limitada al tiempo que dure la emergencia” y no debería comprometer la capacidad europea para atraer a proveedores alternativos. La Comisión también propone acelerar las compras colectivas para convertir el mercado europeo en un cliente único a nivel exterior, una opción voluntaria como en su día fue voluntario el mecanismo de compra de vacunas. Son propuestas urgentes que acompañan a la voluntad de Bruselas de aumentar los objetivos de producción de energías alternativas y libres de CO2 para el 2030, pasando del 40% fijado al 45% en esta fecha, lo que implica aumentar también los objetivos de ahorro energético.