El día más violento del siglo en El Salvador

El fin de semana del 26 y 27 de marzo se produjeron 87 homicidios en El Salvador, una ola de asesinatos –la peor del siglo en el país centroamericano– que desencadenó la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) a raíz de la ruptura de un pacto con el Gobierno de Nayib Bukele.

Es lo que ha desvelado una investigación publicada por el diario digital El Faro. El Gobierno salvadoreño, sin embargo, niega su negociación con las bandas.

Carlos Martínez, periodista de ese medio, recuerda que desde la llegada al poder de Bukele en 2019 se produjo una “sensible reducción de homicidios” que duró dos años y medio. En un país que compite en los ránkings de países más violentos del mundo, el presidente “se jactó de que la reducción de asesinatos se debía a un plan de seguridad pública” cuyo contenido era en su mayoría secreto.

¿Qué pasó aquella noche?

La tarde previa a la masacre se produjo “un extraño repunte de asesinatos”, asegura Martínez, pero no fue hasta el sábado cuando las cifras se volvieron “escandalosas” extendiéndose por todo el país “sin ningún patrón aparentemente lógico”.

Las víctimas no se correspondían con hombres jóvenes o mujeres, con personas que habitaban una determinada área en El Salvador, sino que parecían ser asesinatos random, sin ninguna explicación, y además que en sí mismos no decían nada. Sin embargo, tenían particular incidencia en las zonas controladas en el país por la MS13, explica el periodista.

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Por la mañana el editor de su periódico le pidió al grupo de periodistas que estaba en el terreno que se retiraran hasta poder comprender lo que ocurría. Uno de los cadáveres que apareció con signos de tortura en una de las carreteras inauguradas con orgullo por Bukele, enviaba un mensaje. Luego descubrieron que la víctima era un instructor de surf que había sido secuestrado el día anterior. “El despliegue de barbarie con el que su cadáver fue abandonado nos daba algunos indicios de que se trataba de un asesinato y de una performance de la muerte con la intención de enviar un mensaje. Sin embargo, en aquel momento el mensaje no estaba claro”, asegura Martínez.

Las investigaciones de El Faro han sacado a la luz que entre la tarde del viernes 25 y la mañana del sábado 26, el Gobierno capturó a un grupo de pandilleros que viajaban “en unas circunstancias completamente anómalas en un vehículo oficial del Estado y con un chófer pagado por el Estado”. Carlos Martínez explica que “esos pandilleros presumían de que gozaban de una especie de salvoconducto a merced del pacto con el gobierno y, sin embargo, fueron capturados”.

Se desconocen los motivos del arresto y si fue intencionado, pero la Mara Salvatrucha, que daba por sentada su impunidad, lo consideró una traición al pacto con el Gobierno y como medida de presión comenzaron una ola de asesinatos al azar para presionar al Estado para que liberara a estos miembros de su organización capturados.

Víctimas civiles y detenciones arbitrarias

Lo más “atroz”, lamenta el periodista, es que la pandilla se cobró la vida de decenas de civiles. Pero para Martínez lo más duro es que su propio Gobierno “se puso a hacer apuestas y a jugar un juego secreto de pactos con una organización criminal y al final, cuando esos malabares salieron mal, 87 Hermanos míos lo pagaron con su vida sin tener nada que ver”.

A raíz de la masacre, el Gobierno promovió una serie de reformas al Código Penal para endurecer las penas a miembros y colaboradores de pandillas mayores de 12 años y aprobó un régimen de excepción que limita la libertad de asociación y permite capturas sin orden judicial. Esto ha dado lugar a más de 31.000 detenidos en el último mes y medio.

“La población civil en El Salvador ha quedado a dos fuegos”, lamenta el periodista, ahora que “la Policía Nacional Civil y los miembros del Ejército pueden arrestar a quien quieran por su apariencia o por las sospechas de que esa persona es o pueda ser colaborador de alguna pandilla”. Esto deja más de 30.000 detenciones hasta la fecha.

Periodistas amenazados

Además, el congreso salvadoreño aprobó en abril una medida para castigar con hasta 15 años de cárcel a quienes publiquen “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” en el país.

“El presidente Bukele se ha encargado de instalar la narrativa de que todo aquel que no aplauda a ciegas las medidas que el Gobierno toma en contra de las pandillas es porque es miembro de pandillas o simpatizante de las pandillas”, denuncia Martínez.

Asegura que las leyes están redactadas de forma tan ambigua que se convierte en delito cualquier comunicación que dé cuenta de algo relacionado con pandillas, por lo que la consideran una ley mordaza.