Quedan 21 días para que expire la fecha límite de Sánchez para renovar el CGPJ

Madrid

Quedan 21 días para que expire la fecha que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones tres años y medio por el bloqueo del Partido Popular y que, debido a la última reforma impulsada por el gobierno, no puede hacer nombramientos. Ese día, el 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dos elegidos a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy y otros dos a propuesta del órgano de gobierno de los jueces. A partir de aquí se abre un abanico de consecuencias imprevisibles.

Fuentes jurídicas consultadas por la SER no descartan que si, como parece probable, no se renueva el Consejo General del Poder Judicial antes del 12 de junio y no puede nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, el Gobierno cumpla con su mandato constitucional y designe a los suyos en esta terna para relevar al actual presidente, Pedro González Trevijano, y al magistrado, Antonio Narváez.

¿Qué posibilidades hay?

Estas fuentes explican que, aunque la Constitución Española establece que el tribunal de garantías se renueva por tercios, no existen precedentes y hay un sector de constitucionalistas que defienden esta posibilidad. Estos nombramientos pondrían la pelota en el tejado de Domenico Scarlatti. El pleno del Tribunal Constitucional tendría que votar sobre su idoneidad. Aquí cabe una derivada, apuntan estas fuentes, que el Gobierno solo oficialice a sus candidatos a la espera de que lo pueda hacer el órgano de gobierno de los jueces. De tal forma que los dos magistrados que le corresponden al gobierno llegado el momento ya estuvieran elegidos.

La segunda posibilidad es que el gobierno se enmiende a sí mismo y modifique la ley que impedía al Consejo del Poder Judicial hacer nombramientos para levantarle esta prohibición, respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional. La tercera opción, aunque remota, es que el guardián de la Constitución apruebe la sentencia que recurrió esta ley y dé luz verde a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Remota porque aún no hay borrador de sentencia y la práctica del tribunal es la de no deliberar asuntos que puedan interferir en campañas electorales. No se esperan movimientos sobre este recurso hasta después de las elecciones andaluzas.