La violencia se apodera de las favelas de Río de Janeiro

Madrid

El 25 de mayo las calles de la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, se tiñeron de sangre y consternación. La Policía Militar entró en ese barrio y acabó con la vida de 23 personas. La operación estaba preparada semanas antes para acabar con el "Comando Vermelho", una banda de narcotraficantes que lleva sembrando el terror desde finales de la década de 1970, pero todo acabó en una matanza generalizada. Ha sido la operación policial más letal registrada en Río. Un mes antes, las fuerzas del orden acababan con la vida de otras ocho personas en la misma favela.

Este tipo de intervenciones policiales son frecuentes en los barrios pobres, ponen en riesgo muchas vidas y no resuelven ningún problema de seguridad. Operaciones de esta clase nunca serían toleradas en los barrios ricos. Los gobiernos que se han sucedido en Brasil en las últimas décadas no han sido capaces de remediar el problema de la violencia asociada al comercio ilegal de drogas y la solución adoptada ha sido militarizar la seguridad equipando con más armas a la policía y recurrir si fuera necesario a la ayuda de las Fuerzas Armadas. El mantenimiento del orden público se entremezcla peligrosamente con las funciones de defensa nacional. A esto hay que sumar la fiebre auspiciada por el presidente, Jair Bolsonaro, por la compra de armas de fuego. En el último año el ultraderechista ha acentuado su conocido discurso armamentístico facilitando a la población el acceso a las armas mediante la publicación de cuatro decretos y en consecuencia las ventas se han triplicado. Según el Índice de Paz Global 2021 el 83% de la población brasileña está muy preocupada por convertirse en víctima de un crimen violento. Todos estos ingredientes hacen de Brasil uno de los países más inseguros del mundo.

Este país nunca ha sido un ejemplo de defensa de los derechos humanos pero la situación ha empeorado desde que Bolsonaro ocupa la presidencia. La pésima gestión de la pandemia de Covid, la agudización de la crisis de seguridad pública y la gran devastación ambiental son algunos de los resultados de un mandato que constituye un verdadero desastre para preservar algunos derechos fundamentales. Según Amnistía Internacional el gobierno federal incumple su papel de garantizar y facilitar el acceso a derechos como la vida, la igualdad, la seguridad y la vivienda. Reporteros Sin Fronteras señala que Brasil ocupa el puesto 110 en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa.

Y mientras la violencia acampa a sus anchas en muchos barrios los rumores sobre un posible golpe de Estado por parte del líder ultraderechista no desaparecen. El ascenso en las encuestas de Lula da Silva ha acelerado la batería de ideas que los seguidores de Bolsonaro quieren llevar a cabo para mantenerle en el poder. Un 50% de los brasileños cree en la posibilidad de que el presidente intente dar un golpe y los sondeos también ponen de manifiesto el temor de la población ante el posible regreso de una dictadura como ya ocurrió con los militares en 1964. La brecha entre Lula y Bolsonaro es cada vez mayor. El país se enfrentará a un duelo épico en los comicios previstos el próximo otoño y, de momento, la polarización es máxima. El 2 de octubre el electorado decidirá si retoma la senda de la normalidad democrática o sigue en el agujero negro abierto por la extrema derecha en 2018.