Prostitución, ¿abolición o legalización?: la voz de dos víctimas de la explotación sexual

El debate de esta semana ha puesto de manifiesto la falta de datos oficiales actualizados sobre la trata de mujeres y la prostitución en España. Varias portavoces denunciaron esta situación y la número 2 del PSOE, Adriana Lastra tuvo que remitirse a un informe del Ministerio del Interior de hace 10 años en el que se hablaba de 45.000 mujeres víctimas de explotación sexual en nuestro país. Otros estudios de Universidades o asociaciones elevan esa cifra por encima de 100.000, el 80% inmigrantes indocumentadas y sin recursos. Y una buena parte víctimas de las mafias, explotadas y forzadas a prostituirse por vulnerabilidad económica. Los expertos calculan que en la actualidad hay más de mil prostíbulos en España, los más grandes en las zonas fronterizas con Francia y Portugal, el entorno de Madrid, Barcelona y el corredor mediterráneo. En los últimos años y con la pandemia han cerrado muchos de estos locales, se calcula que llegó a haber 1.600 y la prostitución se ha desplazado a pisos que se anuncian en las calles y sobre todo en Internet, donde incluso hay foros en los que los puteros puntúan a las mujeres. Las víctimas son en su inmensa mayoría mujeres y los puteros, hombres. Uno de cada tres hombres en España reconoce que ha pagado por sexo y más del 20% admite que lo ha hecho varias veces, según el CIS. Porcentajes más altos entre los más mayores aunque entre los jóvenes de 15 a 29 años, un 10% también “se ha ido de putas” según un informe del Instituto de la Juventud de 2020. Frente a estos datos, no llega ni al 0,2% el porcentaje de mujeres que reconoce que ha pagado para mantener relaciones sexuales. La falta de datos afecta también al volumen de negocio que mueve la prostitución. La Fiscalía calcula que al menos 5 millones de euros al día. Otros estudios hablan de hasta 4.000 millones al año. España está considerado el país de Europa más afectado por la trata y por la prostitución. El proxenetismo con explotación ya está castigado en el código penal, pero hay muy pocas detenciones. Según el balance de Interior, en cuatro años, entre 2016 y 2020 hubo 170 explotadores detenidos y se detectaron cerca de 4.000 mujeres en situación de riesgo, de las cuales 575 fueron consideradas víctimas. La historia de Marcela es muy dura. Es brasileña y tiene 39 años. A los 23 fue captada por una mafia. Estudiaba Derecho y trabajaba en un bufete. Con la crisis en su país, perdió el empleo y se vino engañada con una oferta en el servicio doméstico y empezó el calvario. La obligaron a prostituirse bajo graves amenazas y cambiándola continuamente de club, primero en Portugal y luego en Sevilla y Madrid: «Nos decían que los puteros lo que querían ver era carne nueva y de hecho era así. Decían que si quisieran ver siempre a la misma mujer, se quedarían con sus mujeres en sus casas. Yo no gané ningún dinero, generé muchísimo dinero a la mafia que me trajo. El abuso del alcohol y drogas que me exigían consumir me pasó factura en la salud», relata. La rescató APRAMP, la asociación de asistencia a víctimas de la trata, que alerta de que cada vez los hay más menores y niñas: «Las 1.950 atenciones que a nivel nacional realizamos las encontramos en los lugares donde las tienen esclavizadas, donde las tienen prostituidas y las tienen explotadas», cuenta Rocío Mora, directora de la asociación. Es difícil hablar con las víctimas de estos delitos de trata y explotación. Se niegan porque tienen miedo a los proxenetas, están amenazadas y solo lo hacen mujeres como Marcela que han logrado salir. También son muy reacias a conversar las que están en la calle. Graciela es ecuatoriana. Lleva 20 años en España ejerciendo la prostitución. Hablamos con ella en el centro de Madrid: «Mis hijos dependen de mí, mi familia depende de mí, porque aquí el Gobierno no da ninguna ayuda. Si no has cotizado tienes que rezar el Padrenuestro para que te la den. Yo lo hago voluntariamente porque a veces vengo, a veces no vengo, porque yo también estoy enferma, pero de qué voy a vivir, dime tú. ¿A que me paguen un sueldo de mierda que aquí no alcanza para nada? Hay que pagar alquiler y todo eso». Va a continuar en la prostitución hasta que pueda a pesar de reconocer que tiene que soportar a hombres muy bordes. Marcela pide programas de recuperación psicológica. A ella le llevó cuatro años. También pide planes de formación y alternativas reales de empleo y, después de su experiencia, les dice a quienes piensan que la prostitución es un trabajo «que primero lo prueben» y luego le cuenten: «Legalizar la prostitución sería legalizar a los proxenetas. Derechos, ¿qué derechos? ¿quién iba a pagar esos derechos a estas mujeres? ¿quién iba a pagar su Seguridad Social, las vacaciones...?», se pregunta. Las dos están informadas de lo que acaba de aprobar el Congreso. Graciela es partidaria del modelo alemán: «En Alemania la prostitución es legal y pagan sus impuestos, ¿por qué no hacen esto aquí? Siempre que hay elecciones siempre sacan el tema de la prostitución que no tiene nada que ver con lo que esté pasando con ellos. Que van a quitar esto, que van a quitar no sé qué, y siempre la prostitución ha seguido». El Ministerio de Igualdad está ultimando un plan de inserción sociolaboral para las víctimas de trata, de explotación y mujeres en situación de prostitución. Lo está preparando con entidades especializadas y quiere que en una segunda fase se sumen empresas para que garanticen formación tecnológica a estas mujeres.