El Consejo de Ministros aprueba la ley de universidades: “Necesitamos una ley para los próximos 20 años”

La nueva ley de universidades echa a andar. El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que iniciará ahora su tramitación parlamentaria. El ministro Subirats la ha presentado como «una ley que mira hacía al futuro, a los próximos veinte años, que incorpora los evidentes elementos de cambios de época que se han producido en estos veinte años - desde que se aprobó la última ley - y que también prepare a las universidades». La intención es que la ley pueda entrar en vigor en el primer semestre de 2023. En la LOSU se incluyen medidas para facilitar la formación continua, mejorar la financiación o atajar la precariedad. Este es el resumen de algunas: Entre las novedades más destacadas de la LOSU están las medidas destinadas a facilitar la formación a lo largo de toda la vida impulsando micro grados o micro credenciales, más cortos que las carreras tradicionales, y , por tanto, más fáciles de cursar para las personas que ya están trabajando y quieran mejorar su formación. « Las universidades impartirán enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales y con validez y eficacia en todo el territorio nacional, y podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios, incluidos los de formación a lo largo de la vida, en los términos establecidos reglamentariamente. La formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas micro credenciales, micro grados u otros programas de corta duración», se señala en el artículo 7 que regula los títulos universitarios. La ley también abre los campus a alumnos más allá del estudiante tradicional, el joven de 18 a 25 años. Se va a permitir que trabajadores con experiencia laboral pero sin acreditación académica, sin bachillerato ni selectividad, puedan estudiar una carrera. «Con el fin de facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá reglamentariamente las condiciones y regulará los procedimientos para el acceso a la Universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general», dice textualmente el texto de la norma. Otro de los objetivos es acabar con la precariedad en los campus. Como adelantó la SER, los contratos temporales en los campus no podrán superar el 8% - la primera versión de la ley fijaba un tope del 20% frente al 40% que permite la norma actual . El texto especifica que «no se computará a tal efecto el profesorado asociado de Ciencias de la Salud y el profesorado ayudante doctor». Tampoco fija un porcentaje concreto de personal funcionario aunque dice que «el profesorado funcionario será mayoritario, computado en equivalencias a tiempo completo, sobre el total de personal docente e investigador de la universidad» y precisa que «no se computará como profesorado laboral a quienes no tengan responsabilidades docentes en las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales, ni al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado». Sobre los profesores asociados, la figura que se ha convertido en símbolo de la precariedad en la universidad por el mal uso que se ha hecho de ella, la ley da dos años a las universidades para que estabilicen a los 25.000 docentes contratados con esta figura. «Antes del 31 de diciembre de 2024, las universidades públicas deberán articular procesos de estabilización de las plazas de Profesores/as Asociados/as conforme a lo establecido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. El sistema de selección en estos procesos será el de concurso garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Estas plazas no computarán en la tasa de reposición de efectivos. De la resolución de estos procesos no podrá resultar, en ningún caso, incremento de efectivos». Durante ese tiempo «el profesorado asociado, a la entrada en vigor de esta Ley, permanecerá en su misma situación hasta la extinción del contrato y continuarán siéndole de aplicación las normas específicas que correspondan a la modalidad contractual vigente en el momento en que se concertó su contrato de trabajo». La ley quiere elevar el porcentaje que las administraciones destinan al sistema universitarios a un mínimo del 1% del PIB, ahora está en el 0,7%, aunque no fija un plazo concreto para alcanzarlo. Eso se fijará «de común acuerdo entre Estado y Comunidades Autónomas y en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria» en donde «se creará una comisión que establecerá un plan de incremento de la financiación al sistema universitario público hasta alcanzar el objetivo mencionado». Parte de la financiación de las universidades irá asociada al cumplimiento de «objetivos» entre los que se tendrá en cuenta: «la mejora de la docencia, la investigación incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal». La ley incluye, por primera vez, un título dedicado a la internacionalización. El Gobierno y las comunidades autónomas deberán elaborar una estrategia de internacionalización para atraer especialmente a estudiantes europeos y latinoamericanos: «El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las universidades, aprobará la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario, prestando una especial atención a la plena incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior y promoviendo, asimismo, su relación con el Espacio Iberoamericano de Educación Superior y del Conocimiento. En dicha estrategia se definirán los principios básicos y los objetivos generales y específicos, así como sus indicadores de seguimiento y evaluación de sostenibilidad». Las universidades también deberá elaborar estas estrategia que se incluirán entre los objetivos para la financiación. Las alianzas entre universidades se refuerzan y se da prioridad a la movilidad internacional de estudiantes, docentes y PAS. También se dan facilidades a los estudiantes o investigadores internacionales que podrán optar a un visado de dos años para trabajar en España cuando acaben sus estudios o proyectos. El Consejo de Ministros aprobó además, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la distribución a las comunidades autónomas de 58.559.610 euros para ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos. El plazo de ejecución abarca hasta el 31 de diciembre de 2023. Según el Ministerio, el objetivo es «ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos en todo tipo de soportes, incluido el digital, compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades». Para distribuir estos fondos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se ha tenido en cuenta la tasa de riesgo de pobreza por comunidad autónoma y el número de alumnos y alumnas matriculados en Educación Primaria y Secundaria obligatoria en cada comunidad.

El Consejo de Ministros aprueba la ley de universidades: “Necesitamos una ley para los próximos 20 años”

La nueva norma incluye medidas para atajar la precariedad, mejorar la financiación, la internacionalización y facilitar la formación a lo largo de toda la vida

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