La Fiscalía del Supremo califica de "absurdo" y "puro sinsentido" el argumento de Ayuso para evitar una sanción de la Junta Electoral
El fiscal pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que desestime el recurso presentado por Isabel Díaz Ayuso contra la sanción impuesta por la Junta Electoral Central por actos electoralistas durante la campaña de 4 de mayo de 2021 | Reclama que le sea ratificada la multa de 600 euros y que pague las costas del proceso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, el pasado viernes en la sede de la Comunidad, en Madrid. / J.J.Guillen (EFE)
Madrid
La Fiscalía del Supremo ha presentado un escrito mediante el que reclama la inadmisión del recurso Contencioso-Administrativo presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que la sancionó al pago de 600 euros por dos actos electoralistas durante la campaña para los comicios autonómicos en Madrid de mayo de 2021. Además del rechazo de plano al recurso, la Fiscalía del Supremo solicita que se confirme la sanción a Ayuso y que sea condenada al pago de las costas del proceso.
En su escrito, a cuyo contenido ha accedido la SER, el fiscal desmonta punto por punto los argumentos vertidos por la presidenta madrileña. Censura que sus razonamientos para criticar la pretendida parcialidad de la Junta Electoral Central al sancionarla son un "absurdo y puro sinsentido" y avala la actuación del órgano sancionador.
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Recuerda, además, que Isabel Díaz Ayuso no puede alegar desconocimiento o que no fue advertida, pues "fue apercibida" por la JEC en varias ocasiones de que "evitase mensajes electoralistas", por lo que "la sancionada" había sido objeto de "especial ilustración sobre las conductas que resultaban proscritas".
El objeto de la sanción
La sanción obedece a la presentación de un avión de la compañía Iberia el 12 de abril de 2021, y cuatro días más tarde, a la visita oficial a las obras del puente entre el desarrollo de Valdebebas y la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, donde según la resolución de la Junta Electoral, Ayuso realizó "manifestaciones de contenido valorativo y electoralistas en el curso de actos institucionales" con "quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar".
En aquellos actos, en plena campaña, Díaz Ayuso anunció una inversión de "más de 1.000 millones" en proyectos de colaboración junto a Iberia o Airbus, una "nueva terminal de carga" o un "nuevo polo industrial" que incluiría un "campus de la innovación".
También vendió "Madrid nudo Norte" como el "mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa" en los próximos años, y aprovechó para prometer el "plan de Vivienda Joven" de Madrid, con "6.000 nuevas viviendas" que iban a empezar a construirse.
Ayuso también alega prescripción para no pagar
Isabel Díaz Ayuso también alegó prescripción de los hechos para evitar la sanción económica, al entender que habían transcurrido más de 6 meses desde que sucedieron los hechos hasta que le fue notificada la sanción. Pero el Fiscal del Supremo también rechaza este argumento y expone que Ayuso fue notificada hasta en tres ocasiones y en tiempo y forma desde el inicio del expediente infractor, por lo que quedaban interrumpidos los plazos de prescripción.
El fiscal pide a la Sala la desestimación de la demanda interpuesta por la presidenta madrileña, la confirmación de la sanción de 600 euros y que le sea impuesto el pago de las costas del proceso.
La defensa de Ayuso, a cargo del despacho de Martínez-Maíllo
Se da la circunstancia de que a pesar de que la Comunidad de Madrid cuenta con un numeroso y prestigioso cuerpo de letrados que perciben una nómina pública, Isabel Díaz Ayuso ha encargado la defensa de este procedimiento al despacho de abogados Fuster-Fabra, que cuenta entre sus letrados con el excoordinador general del Partido Popular y exvicesecretario general de Organización Electoral, Fernando Martínez-Maíllo.
