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Médicos y ONG denuncian nuevas trabas en la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en Madrid

Desde Sanidad insisten en que la atención sanitaria para recién nacidos, pautas de vacunación en menores, asistencia en Urgencias o la continuidad de tratamientos están garantizadas independientemente de su situación administrativa

Vista de la manifestación de La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, convocada este domingo por la Marea Blanca. / LUCA PIERGIOVANNI (EFE)

Vista de la manifestación de La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, convocada este domingo por la Marea Blanca.

Madrid

Desde el pasado mes de noviembre la Comunidad de Madrid ha dejado de atender a miles de migrantes, incluidos niños y mujeres embarazadas. Lo denuncia 'Yo sí sanidad Universal', los trabajadores de los centros sanitarios y los propios médicos que están viendo llegar a los hospitales menores sin vacunar, pacientes con VIH sin tratamiento o mujeres que van a dar a luz sin que les hayan hecho una ecografía o un análisis de sangre. Calculan que se encuentran en esta situación entre cuatro mil y cinco mil personas.

Desde la entrada en funcionamiento, en noviembre pasado, de las Unidades de Tramitación Especializada, centros donde se realiza la gestión que da acceso al sistema sanitarios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, miles de personas llevan meses esperando ser vistos por un médico. Nadia Rodríguez es trabajadora social en tres centros de salud: "Es una nueva traba del sistema, una forma de complicar todavía más el acceso de los vulnerables a la sanidad. Entre otras cosas porque para poder llegar a una de estas unidades (hay siete en toda la comunidad), te tienen que dar cita en el centro de salud y, para eso, tienes que tener dos cosas: un pasaporte y un empadronamiento de al menos tres meses".

Superadas estas primeras trabas, en el mejor de los casos han pasado 90 días, tienen que acudir al centro de salud que les tramita la cita en una de las unidades, una cita que no es inmediata porque tienen una demora media de atención de tres meses. "Para que te hagas una idea", dice el doctor José Antonio Pérez Molina, de la Unidad de Medicina Tropical del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, "pueden pasar hasta seis o siete meses en atenderlos y eso es peligroso para ellos, pero también para la sociedad madrileña. Podemos estar hablando de personas que pueden tener una tuberculosis, o que necesitan cribados de esta infección, que pueden necesitar vacunas comunes en nuestro medio, pero no en sus países de origen, o medicación para tener controlado el VIH. Todas estas situaciones lo que hacen es poner en riesgo a estas personas, pero también crear un problema de salud pública".

Cristina Epalza, pediatra de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica: "Los pediatras estamos preocupados por la exclusión sanitaria que están sufriendo los niños en la Comunidad de Madrid, desde que se aplican de forma exigente los criterios para acceder a los centros de salud y los hospitales. En este último caso, después de atenderles, se les está facturando el cuidado y eso genera miedo al acceso. Nos estamos encontrando con niños, cada vez más numerosos, que han nacido en España y que no tienen puestas las vacunas universales. A lo mejor tienen una dosis que les inocularon a los dos meses de nacer, pero no tienen el resto porque no han podido acceder al centro de salud. Estamos viendo a niños que ingresan con neumonías bacterianas, con infección grave, y que no han recibido las pautas de vacunación universal que incluye la vacuna del neumococo, justamente para prevenirlas. La consecuencia no es solo la neumonía del niño, sino que además permite su transmisión en la comunidad".

Antonio García Burguillo es ginecólogo en el 12 de octubre: "Según parece, hay una orden de la comunidad de Madrid para que no se deniegue la asistencia a nadie, pero la realidad es que cuando se les atiende, en muchos casos, después, se les facturan los cuidados recibidos. Nos estamos encontrando con mujeres que ingresan en el hospital para dar a luz sin ecografías o analíticas. A veces con patologías como preeclampsia, placenta previa o anemias severas que no han sido detectadas por falta de control sanitario y que, pueden provocar una hemorragia posparto que implique la necesidad de que sean transfundidas".

Tanto García Burguillo como José Antonio Pérez Molina inciden en la diferencia de trato que la comunidad ha dado a los refugiados de Ucrania. “Prácticamente, al día siguiente de llegar tenían su tarjeta sanitaria. Todos deberían ser tratados por igual, vinieran de donde vinieran. No puede haber un trato VIP para unos y esperas de meses para otros”

¿Qué dice la Consejería de Sanidad?

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Española de Salud Pública y la Asociación Española de Pediatría, entre otras, se han puesto en contacto con la consejería de sanidad para mostrar su preocupación. Se han reunido en varias ocasiones con diferentes cargos y se les ha pedido que remitan los casos detectados, algo poco factible por la carga laboral que tienen. Insisten en que la atención sanitaria para recién nacidos, pautas de vacunación en menores, asistencia en Urgencias o la continuidad de tratamientos están garantizadas independientemente de su situación administrativa.

Recuerdan desde la consejería de Sanidad que desde la puesta en marcha de las 7 Unidades de Tramitación especializadas se han gestionado más de 45.000 citas, lo que ha supuesto facilitar acceso sanitario público a más de 30.000 extranjeros irregulares. Y que el 47% de las citas facilitadas a los solicitantes del Documento de Asistencia Sanitaria para Extranjeros en situación irregular se pierden, mayoritariamente porque los ciudadanos no acuden o porque no cumplen el requisito establecido por la normativa nacional de llevar más de 90 días en España.

Pese a lo que dice la comunidad, los médicos siguen viendo como llegan, a diario, casos de niños sin vacunar, embarazas sin una sola analítica o pacientes con VIH sin medicación. Todo, aseguran, por la nueva barrera que ha implementado el gobierno de Ayuso.

 
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