El Congreso aprueba con la abstención del PP el nuevo paquete de medidas anticrisis

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, gracias a la abstención del PP, el segundo decreto ley de medidas anticrisis, que prorroga las ya adoptadas en marzo e incluye otras nuevas como el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio. El decreto sale adelante gracias a la abstención del PP y al apoyo de gran parte de los grupos, entre ellos, PSOE, Podemos, PNV, PdeCat y Bildu. En la misma jornada en el Congreso se han aprobado además la ley de Memoria Histórica o la de la reforma del CGPJ. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a los grupos una convalidación «pacífica» porque es «de sentido común» ayudar a familias para las que «cada vez es más difícil llegar a fin de mes» y a empresas, a «continuar con su negocio», y las Cortes «no pueden mirar para otro lado». «El Gobierno suma y sigue», ha dicho el ministro tras enumerar las principales medidas del decreto y mencionar las más importantes de las anunciadas por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el debate sobre el estado de la nación. Asimismo, ha asegurado que «los próximos meses van a ser complejos» y por ello «es tiempo de buscar consensos y estar de acuerdo en lo esencial que es ayudar a nuestros conciudadanos, sumar al esfuerzo colectivo». Las medidas que contempla este decreto anticrisis se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2022 y tienen un presupuesto de 9.000 millones de euros. El decreto recoge una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra. Asimismo prorroga hasta final de año las medidas vigentes desde el 1 de abril que incluían la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas a los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania. Entre las novedades también está la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50 % de los abonos de transporte de titularidad estatal (como los de Renfe) y del 30 % para los expedidos por las comunidades autónomas y entidades locales, que podrán elevar esa ayuda hasta el 50 % con recursos propios. A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5 % y la subida del 15 % de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 euros a final de año. Los grupos han criticado la falta de negociación de las medidas del decreto, como es el caso del PNV, cuya diputada Idoia Sagastizabal ha considerado que, aunque positivo, es «pan para hoy y hambre para mañana», al tiempo que ya se queda viejo con las modificaciones anunciadas por Sánchez. Se ha referido así al incremento al 100 % de la rebaja en el transporte público, que el decreto sitúa en el 50 %, un extremo en el que coincide la diputada de Ciudadanos María Muñoz, quien lo ve «obsoleto», así como «cortoplacista». «Llegará un momento en el que el Gobierno no tendrá capacidad de maniobra y tendrá que dejar que la inflación devore a empresas y familias o tendrá que llevar a cabo recortes dolorosos», ha dicho Muñoz. «¿Se ha parado a pensar en la importancia del gasto público sobre la inflación?» ha preguntado el diputado popular Jaime de Olano, que ha pedido al Gobierno que ayude a las clases medias deflactando el IRPF y reduzca la estructura ministerial, «la más grande de la historia de la democracia». La diputada de Bildu Mertxe Aizpurua ha valorado las medidas introducidas en el decreto como los descuentos en el bono social o la prohibición de despido en empresas beneficiarias de ayudas, pero las sigue viendo «insuficientes» y pide otras «estructurales». El diputado de BNG Néstor Rego ha pedido también reformas estructurales en el mercado eléctrico, mientras que el de ERC Joan Margal ha reclamado valentía al Gobierno y le ha advertido: «Si son puro marketing, no cuenten con nosotros». Según informaban fuentes de los populares a la Cadena SER, el PP decidía a primera hora de la tarde abstenerse en la votación del decreto de medidas económicas del Gobierno para paliar la crisis. Aseguran que es «un plan insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias», por lo que han decidido no apoyarlo pero tampoco impedir su aprobación. En este sentido, apuntan que los argumentos para el sentido de su voto son «la rectificación de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad», junto con la «puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación». Sin embargo, recelan de los impuestos especiales a las compañías eléctricas y las entidades financieras, ya que a su juicio «podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos» en el primer caso y para el segundo creen que «existe una ausencia de garantías para que no se acabe trasladando a los ciudadanos de forma que vean como se encarecen sus créditos, se reduce la retribución de sus ahorros, se restringe el crédito o se generan sobrecostes en comisiones bancarias».