El Gobierno rebaja del 3,5% al 2,7 % la previsión de crecimiento para 2023 y eleva un 1,1% el techo de gasto

El Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) al 2,7% para 2023, 0,8 puntos por debajo de la previsión de finales de abril, como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania. Según el cuadro macroeconómico presentado este martes por la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la previsión de crecimiento para este año se mantiene en el 4,3%. Aunque el Gobierno no ofrece previsiones del índice de precios de consumo (IPC), el deflactor del consumo privado -indicador similar- se eleva al 7,8% para 2022 y al 2,9% para el próximo año. «En este contexto todo sigue apuntado a un crecimiento fuerte de la economía española», ha dicho Calviño. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que supone la base sobre la que elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, y la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, con nuevas cuotas a pagar que oscilan entre los 200 y los 590 euros al mes entre 2023 y 2025. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado el techo de gasto, lo que constituye uno de los primeros pasos de cara a la elaboración de los Presupuestos del próximo año, al establecer el límite de gasto sobre el que se diseñan las cuentas públicas. Montero ha fijado el límite de gasto no financiero en 2023 en 198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior, «una cifra récord». «Con ello se pone en marcha toda una maquinaria que nos permitirá aprobar en tiempo y en forma las cuentas públicas», ha explicado. En caso de sacarlos adelante, los de 2023 serían los terceros Presupuestos consecutivos del actual Gobierno de coalición, que, según ha indicado en ocasiones anteriores la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera aprobar las cuentas del próximo año “en tiempo y forma”, para que entren en vigor el 1 de enero. Para ello, el artículo 134 de la Constitución establece que el proyecto de Presupuestos debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, antes de finalizar septiembre. Cabe destacar que en 2023 las reglas fiscales de la Unión Europea continuarán desactivadas por cuarto año consecutivo, manteniéndose así desde que en 2020, para hacer frente a la crisis económica y social generada por la pandemia de covid-19, se activara la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que libera a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y permite un mayor gasto público. El techo de gasto aprobado por el Gobierno el año pasado de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2022 fue de 196.142 millones de euros, lo que supuso elevarlo un 0,023% respecto al de 2021, al contar con 45 millones de euros más. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobará mediante real decreto la reforma del sistema de cotización de los autónomos para vincular las cuotas a sus rendimientos netos, después de que esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llegara a un acuerdo con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae. Dicha reforma establece las cuotas y tramos de ingresos de la cotización de los autónomos en 2023, 2024 y 2025, siendo este periodo la primera parte del régimen transitorio que se irá introduciendo de cara a que a partir de 2032 los autónomos coticen de manera permanente en función de sus ingresos reales. El pasado miércoles, una vez conocido el consenso alcanzado por todas las partes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, resaltó que se trataba de un “día histórico” al dar respuesta a una vieja demanda de los autónomos, destacando además la importancia de conseguir el apoyo de todos los agentes sociales. Escrivá, que explicó que la reforma se aprobará a través de real decreto y que, una vez sea convalidado por el Congreso de los Diputados, sea tramitado como proyecto de ley, destacó el jueves pasado al informar sobre la reforma ante la comisión del Pacto de Toledo de la Cámara Baja que el nuevo sistema supondrá una mejora de la protección social de los autónomos, así como un aumento de sus pensiones. Además, el ministro aseguró que con el nuevo esquema se reducen las cuotas a pagar para la mitad de los 3,3 millones de trabajadores autónomos que existen actualmente en España frente al sistema actual. En concreto, bajarán para los que menores ingresos tienen, mientras que un 25% con unos ingresos intermedios -según los tramos diseñados- mantendrá unas cuotas similares a las actuales y el otro 25% con mayores rendimientos netos verá aumentar su cuota. Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en el ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos, pero el acuerdo establece que, sobre esa cantidad, se aplicará adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% de los rendimientos netos, que será del 3% en el caso de los autónomos societarios. Así, al inicio de cada año los autónomos indicarán los rendimientos netos -ingresos menos gastos- que estiman tener en el ejercicio, pudiendo modificar la cuota cada dos meses para ajustarla a los rendimientos que vayan teniendo. Al término del año, en función de los rendimientos netos finales proporcionados por la Agencia Tributaria, la Seguridad Social ajustará las cuotas, algo que, apuntó el ministro, no tiene por qué conllevar una regularización ya que los tramos tienen cierta anchura y por tanto la desviación en la estimación de los rendimientos debería estar dentro de ese margen. En concreto, la reforma contempla 15 tramos de rendimientos netos, que abarcan desde un primer tramo en el que se encuentran los autónomos que ganan menos de 670 euros mensuales, hasta un último tramo para aquellos que ganan más de 6.000 euros al mes. A cada uno de estos tramos corresponden unas bases de cotización mínimas y máximas y una cuota que oscila entre los 200 euros al mes para los encuadrados en el primer tramo hasta los 590 euros para los que se encuentran en el último, entre 2023 y 2025. Las cuotas más bajas a pagar son de 230 euros al mes en 2023, 225 euros en 2024 y 200 euros en 2025, y las más altas son de 500 euros en 2023, 530 euros en 2024 y 590 euros en 2025. Según estimaciones del Ministerio, el nuevo esquema de cotización tendrá un impacto neutro para las arcas públicas hasta 2025 y, a largo plazo, se espera que tenga un impacto positivo, de manera que genere más recursos para la Seguridad Social. Asimismo, establece también una cuota reducida de 80 euros mensuales para los nuevos autónomos durante 12 meses, prorrogable por otros 12 meses en caso de que los rendimientos durante el primer año sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El Gobierno rebaja del 3,5% al 2,7 % la previsión de crecimiento para 2023 y eleva un 1,1% el techo de gasto

El Consejo de Ministros aprueba el 'techo de gasto' y la reforma de los autónomos

Webs de PRISA