Las comunidades del PSOE respaldan el plan de ahorro pero dudan de poder controlar su aplicación
Aragón advierte de falta de recursos y personal para hacerlo, la Generalitat Valenciana apela al diálogo con los agentes sociales para evitar "medidas coercitivas", Asturias llama a la pedagogía para garantizar el cumplimiento y Castilla La Mancha ve difícil poder vigilar toda la actividad comercial de la región. La mayoría de los gobiernos siguen analizando el Real Decreto para averiguar cuál es el departamento de su administración encargado de la supervisión. La sensación general es de cierta confusión
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras informar del nuevo paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético / Mariscal (EFE)
A cinco días para la entrada en vigor de las primeras medidas de ahorro energético contempladas en el Real Decreto de eficiencia aprobado el lunes por el Consejo de Ministros, las Comunidades Autónomas, responsables de la aplicación y control, dudan de tener los medios y el personal suficiente para poder asegurar su cumplimiento. El escepticismo sobre esa capacidad lo muestran ejecutivos de todo signo político. Lo ha hecho el Gobierno vasco, que ha pedido "flexibilidad" en la puesta en marcha de las obligaciones. Pero las quejas se extienden también a las comunidades en manos del Partido Socialista.
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Según el texto aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica, las obligaciones relacionadas con la limitación de la temperatura y con la iluminación de escaparates deberán ponerse en marcha el próximo martes, siete días después de su publicación en el BOE. Ese plazo se extiende hasta un mes para la fijación de carteles o pantallas que informen tanto de las políticas de ahorro, como de los grados a los que están los aparatos de refrigeración. Para el acondicionamiento de puertas que eviten el despilfarro energético el plazo es mayor, hasta el 30 de septiembre.
La capacidad de inspección y sanción la regula, según el departamento de Teresa Ribera, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios que en su capítulo siete explica que el encargados de revisar las instalaciones será el personal facultativo de los servicios del órgano competente de la Comunidad Autónoma o los organismos de control autorizados para este campo reglamentario.
Sin embargo, consultadas por la SER, las Comunidades gobernadas por el PSOE también dudan de poder ejercer la labor que les atribuye la norma. La que se expresa de forma más clara y contundente es Aragón. En el ejecutivo que gobierna Javier Lambán reconocen cierta confusión a la hora de aclarar qué departamento de la administración es el competente y qué inspectores serán los encargados de la vigilancia. Se quejan de que lo sencillo es la aprobación del Real Decreto por parte del Ministerio de Transición Ecológica, pero la parte más compleja les toca a ellos. En un momento además en el que buena parte del personal, recuerdan, se encuentra de vacaciones.
"Nosotros lo vamos a intentar", dicen fuentes del gobierno de Aragón que explican que en su caso, desde 2015, ya tienen en marcha un plan energético interno. Ampliarlo al conjunto de comercios, bares, restaurantes, centros de ocio, aeropuertos o estaciones de tren y autobús supone todo un reto. Advierten de la falta de medios y personal para poder hacer un seguimiento efectivo. "Los inspectores son los que son" y sus funciones ya son numerosas, recalcan. Apuntan a que si a las visitas periódicas a la industria o a los comercios hay que sumarles esta tarea "quizás haya que reforzar plantillas" y para eso, avisan, hacen falta más fondos que el ejecutivo central no ha previsto.
Apuesta por la pedagogía
Ante esa dificultad la mayoría de los Gobiernos va a apostar por hacer pedagogía para tratar que los ciudadanos cumplan sin necesidad de recurrir a las sanciones o al control. En esa línea se ha pronunciado la Generalitat Valenciana en las últimas horas. "Nosotros estamos aplicando un plan similar desde hace tiempo, con decisiones incluso superiores a las que ha aprobado el ejecutivo central". El president Ximo Puig cree que es necesario abrir un diálogo con los sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo y crear espacios de concienciación para el cumplimiento. En su caso también han hecho consultas al departamento que dirige Teresa Ribera para saber si la comprobación y la posible sanción es responsabilidad de la Consellería de Economía.
En Castilla-La Mancha admiten que el decreto no es cómodo para nadie pero defienden la necesidad de tomar decisiones en esta dirección. En su caso, creen que los ayuntamientos tienen más competencias para ejercer la labor de vigilancia. Aseguran que sus empleados pueden acudir a los comercios para saber si se están respetando horarios comerciales, decretar o habilitar permisos para abrir en días festivos, pero entienden que las entidades locales son las que pueden hacer la supervisión a través de las policías de cada municipio. El gabinete de Emiliano García Page también admite que los servicios de la inspección de consumo no son suficientes para hacerse cargo del control.
Desde Asturias llaman a adoptar las medidas "no por imposición sino a través de una reflexión colectiva". En cualquier caso, todos los gobiernos socialistas cierran filas en torno al paquete aprobado por el Consejo de Ministros. Creen que son políticas necesarias y reprochan la irresponsabilidad de algunas de las declaraciones que se han hechos desde la Comunidad de Madrid.
