La desafección en la justicia, una herida abierta de nuestra democracia

Madrid

La historia interminable para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no parece llegar a buen puerto. Ya son más de tres años de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces que sólo contribuyen a que la ciudadanía vea la justicia como un juego de sillas entre partidos. Y que alimentan la desconfianza en uno de los poderes del estado fundamental en cualquier democracia.

En 2019 el CIS constataba que el 50,8% de los ciudadanos ponía en cuestión la imparcialidad de la justicia. José Guerrero Zaplana, presidente de la sección séptima de lo contencioso de la Audiencia Nacional, afirma que "la falta de acuerdo en la renovación del CGPJ repercute en el desprestigio de la carrera judicial y en que los ciudadanos crean que la justicia está politizada".

Sobre su politización, Garbiñe Biurrun, presidenta de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, explica que "se confunde mucho a la ciudadanía cuando se habla de la independencia del Poder Judicial y de la justicia, porque el CGPJ es un órgano de gobierno del Poder Judicial. Ni juzga ni resuelve ningún tipo de litigio, pero sí tiene competencias importantes de nombramientos". El sistema de elección actual es el que establece la Constitución, pero ambos magistrados coinciden en que la situación es "escandalosa y poco útil". Además, Biurrun apunta que ni siquiera para su competencia principal, el nombramiento de cargos, tienen "diseñado un sistema de baremación objetiva que permita que esos nombramientos no sean absolutamente discrecionales". A su vez Guerrero destaca que "el sistema está viciado de raíz". Y ve con desencanto que “la primera misión de los vocales del Consejo sea nombrar a un presidente y ya se sepa antes de su constitución quién va a ser”.

Desde instancias internacionales se insta a que el modo de elección lo elijan los propios jueces. Sin embargo, hay un debate abierto sobre la representatividad y la legitimidad si este fuera el modelo, porque no intervendría la soberanía popular de ninguna forma. Garbiñe Biurrun argumenta que ante la afirmación de falta de legitimidad por no ser elegidos directa o indirectamente a través de la soberanía popular, no serían el único poder del estado merecedor de críticas: "Dentro del diseño constitucional, las cortes sólo eligen al presidente, y es el presidente quien elige al resto de los miembros del gobierno. Por lo tanto, ningún ministro o ministra ha sido elegido directamente por soberanía popular, si no por alguien que a su vez ha sido elegido por el Parlamento”.

Un sistema de acceso cuestionado

La lista de aspectos que la ciudadanía percibe que no funcionan en la justicia es diversa: lentitud, politización, costosa, burocrática, etc. Pero una de las críticas que recibe hace alusión a la procedencia de los miembros de la carrera judicial. El sistema de oposiciones, en esta profesión y en otras, es un sistema costoso que no cualquier persona puede afrontar. Este verano la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunciaba que en los próximos presupuestos se incluirán becas a la judicatura para facilitar “un acceso en igualdad de condiciones”. La magistrada Biurrun señala que una vez superada la cuestión económica "hay que replantearse el sistema en sí porque no tiene sentido estar estudiando de lunes a domingo, siete días a la semana, 365 días al año, ocho o diez horas diarias". Y añade que el sistema de acceso "sí que es una muy importante competencia del CGPJ y, hay un problema de racionalización en él".

Sobre el perfil de los miembros de la carrera judicial, Garbiñe Biurrun apunta que “no hay que estar permanentemente calificando a jueces". Y destaca que "esperar una determinada respuesta judicial por el perfil de un juez suele saltar por los aires". Ser refiere a que lo importante es que se ajusten a la ley y no a una ideología. "La sociedad es cambiante, y nadie va pretendiendo que la sociedad sea de un corte o de otro”, concluye.