Perú investiga si el imperio español de las casas de apuestas vulneró el derecho a la libertad sindical de sus trabajadores

Madrid

El 20 de julio María Luisa Camargo (37 años, Lima) salió a pasear con sus hijos de siete y 17 años. Al volver a casa, ya de noche, se encontró un sobre que alguien le había metido por debajo de la puerta. Era una carta de CIRSA, la empresa española para la que llevaba trabajando cinco años, comunicándole el cese de la actividad laboral. Un “despido arbitrario”, según la propia compañía.

Un día antes, Camargo y sus compañeros habían ido al Ministerio de Trabajo de Perú a inscribir en el registro el recién creado sindicato SUTECA (Sindicato Único de Trabajadores de Entretenimiento, Casinos y Afines) para defender sus reivindicaciones laborales. Ese mismo día, le entregaron la carta de inscripción al gerente del Casino Miami en el que trabajaban. Unas horas después, empezaron los despidos.

A Rocío Terrones (41 años) se lo comunicaron en la puerta del local. Como todos los días, recorrió los 30 kilómetros - dos horas y media y 13 soles de transporte público - que hay desde su casa en Pachacútec, un barrio de la periferia de Lima, y el Casino Miami. Al llegar, el gerente le explicó que estaba despedida. Rocío, que tiene cinco hijos, cuenta que se quedó “paralizada” porque “no había hecho nada malo”. Se había afiliado a un sindicato para mejorar sus condiciones laborales. En el casino, vendía caramelos y galletas a sus compañeros para poder pagar los trayectos en transporte público y no tener que tirar de su sueldo. Ahora, se ha puesto a recoger y vender chatarra para poder pagar la comida de sus hijos, los más pequeños de cinco y siete años. “Voy a recoger mi cartón, mi papel, mis botellas descartables y lo vendo y así algo me saco. Cuando hay hijos, hay que buscarse la vida”, cuenta. El Ministerio de Trabajo de Perú está utilizando su caso para reivindicar el derecho a la libertad sindical.

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Los trabajadores despedidos han puesto una demanda ante la Inspección de Trabajo de Perú que ya ha iniciado una investigación. Las multas por vulnerar el derecho a la libertad sindical pueden ascender a más de 190.000 soles, según confirma Víctor Loyola, superintendente de SUNAFIL, el equivalente a la Inspección de Trabajo en España. “Tenemos derecho a sindicalizarnos. Están vulnerando las leyes de Perú, están vulnerando nuestros derechos y eso está penado. Está prohibido. CIRSA se está ganando un problemón acá”, advierte Camargo.

CIRSA es una multinacional con sede en Terrassa (Barcelona) fundada en 1978 por Manuel Lao Hernández. Según su página web, es la “compañía líder” en el sector del juego en España y Latinoamérica. Tienen, en total, 148 casinos, seis de ellos en España, entre los que están el Casino Marbella, con 4.000 metros cuadrados, el Casino Valencia y el Casino La Toja. Son propietarios, además, de 80 salas de bingo, 248 salas de juego TOKA y de las salas de apuestas deportivas Sportium con cerca de 200.000 clientes a la semana y 2.700 puntos de venta en España. CIRSA ha desplegado decenas de casinos en Latinoamérica: 72 en Colombia, 33 en Panamá, 28 en México y 22 en Perú. En 2021, el último ejercicio completo, obtuvo un beneficio de 330 millones de euros. En 2018 el fondo buitre Blackstone compró la compañía.

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En España, CIRSA no tiene mala relación con los sindicatos, pero en Perú, la creación de uno ha acabado con el despido inmediato de 22 trabajadores, todos los que decidieron afiliarse. Henry Olivera, miembro de UNI Global, una federación sindical internacional formada por 500 sindicatos, cree que esto deja “una sensación, no solo en los trabajadores, también en el propio Gobierno y en la opinión pública, de que Perú es un lugar donde existe total impunidad para hacer esto”. En la página web de CIRSA, sin embargo, aseguran que la compañía “impulsa el respeto a los Derechos Humanos en todas sus relaciones empresariales”. “Esperamos que la empresa se siente a negociar, nosotros estamos dispuestos”, insiste Olivera. CCOO y UGT han enviado una carta en solidaridad con los trabajadores despedidos.“No vamos a tolerar acciones represivas por el hecho de ser miembros del sindicato. Las empresas multinacionales tienen que respetar los derechos de sindicalización de sus trabajadores en todos los países donde operan”, escriben.

22 personas en la calle

Hasta hace unos días, Iván Gutiérrez (34 años) era el jefe de cocina del Casino Miami. Llevaba nueve años trabajando para la compañía. El día después de inscribir el sindicato en el registro, Iván llegó puntual a trabajar, pero un guardia de seguridad le prohibió la entrada en el local. “Me dijo que el gerente quería hablar conmigo. Llegó y me entregó la carta de despido, diciendo que la empresa no quería contar más con mi trabajo”, cuenta. “Yo tenía una carrera y me la cortan así, de la noche a la mañana, y sin previo aviso. No les bastó sacar a los que formábamos parte de la directiva, sino que decidieron sacar a todos para erradicar esto de raíz, para que no siga”.

CIRSA no ha explicado a los trabajadores el motivo del despido. No está obligada a hacerlo. Son despidos “arbitrarios”, acompañados de su correspondiente indemnización. “Eso, por sí solo, no es ilegal”, explica Henry Olivera. “El tema viene cuando nos ponemos a observar cómo fueron despedidos. Cuando toda la directiva es despedida al día siguiente de formar el sindicato, el despido tiene, claramente, una connotación antisindical”, concluye. El derecho a la libertad sindical está recogido en la Constitución peruana y protegido, además, por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Perú.

“A la empresa no le importó y nos despidió a todos sin darnos una explicación”, alerta Maria Luisa Camargo. “Esto demuestra que a la compañía no le importamos como trabajadores, no valoran nuestro trabajo. Por eso, precisamente, montamos el sindicato, para que valoraran más el esfuerzo que estábamos haciendo”. La idea inicial era negociar un aumento de sueldo o dietas para alimentación y transporte. “No íbamos a pedir nada que se escape de la mano de nadie. Solo algunas cosas que no eran justas”, cuenta Iván Gutiérrez.

La sede central de CIRSA, en España, no ha respondido a las preguntas de la Cadena SER. Su delegación en Perú argumenta que “la desvinculación” de los 22 empleados “responde a una cuestión de gestión interna”. Los trabajadores tienen previsto iniciar acciones legales en las próximas semanas.