El Gobierno aprueba la ley que blinda el aborto en la sanidad pública
El anteproyecto de ley acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria
EP
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del aborto, que pretende blindar este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social. Tras su aprobación, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria con el fin de que sea aprobado definitivamente en los próximos meses, según fuentes del Gobierno. "El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es la puerta de entrada a otras decisiones", ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Fin del consentimiento paterno para abortar desde los 16
El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 17 de mayo, acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la norma vigente de 2010. También se garantiza el derecho al acceso a la píldora del día después para evitar embarazos no deseados en centros de salud y especializados.
"Avanzamos hacia otro modelo de salud sexual. La educación sexual será obligatoria en todas las etapas para conocer todos los medios anticonceptivos, para prevenir las infecciones, etc.. La falta de la educación sexual de las escuelas es lo que está provocando el aumento de las infecciones sexuales", ha dicho la ministra.
Casi el 70% de los estudiantes de Secundarias dicen que no ha sido útil la información recibida sobre la sexualidad, según los estudios que apuntan a Internet como principal fuente recibida.
Abortar en el centro público más cercano
Con la nueva norma, la sanidad pública será "la red de referencia" para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia por comunidades como en la ley de eutanasia para que en los hospitales públicos haya profesionales siempre dispuestos a realizarlos. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Ahora mismo un 85% de las interrupciones del embarazo se hacen en clínicas privadas. "Lo que no puede ocurrir es que el ejercicio constitucional de la objeción de conciencia impida que el 50% de la población, las mujeres, pueda ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo", ha explicado la ministra.
La ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico) y elimina los tres días de reflexión. Contempla también la atención durante el posparto y que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.
"Siempre tendrá que ver profesionales que lleven a cabo las interrupciones de embarazo", ha aclarado la ministra que ha dejado claro que se respeta la objeción de conciencia.
"La regla deja de ser tabú"
La reforma incluye el derecho la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, una de las medidas que más debate ha suscitado.
Montero ha explicado que se dispensará de forma gratuita material para la higiene femenina tanto en escuelas como centros sociales y penitenciarios para acabar con la "pobreza menstrual".
"Se acabó ir a trabajar con dolor. El 70% de las mujeres creen que la regla sigue siendo estigmatizada en el entorno laboral", ha dicho la ministra.
