Pablo González cumple seis meses en prisión preventiva e incomunicado en Polonia: "Está sometido a un régimen carcelario duro"

Madrid

A priori 185 días puede parecer poco, pero son seis meses. Medio año que parecería toda una eternidad de permanecer encarcelados sin posibilidad de mantener contacto con algún ser querido. Desde la noche del 27 al 28 de febrero, el periodista español, Pablo González, permanece en prisión preventiva en Polonia. Acusado por la Agencia de Seguridad Interior de espionaje para Rusia.

Colaborador de Público y La Sexta, Pablo fue detenido en un hotel cercano a la frontera con Ucrania, en la localidad de Przemyśl. Solo ha recibido cinco cartas de su esposa, Oihana Goiriena, y un total de cuatro visitas. Un cautiverio marcado por las 23 horas que permanece en la celda, y la hora diaria que puede pasar en un patio diminuto de la cárcel de Radom.

Recientemente, las autoridades polacas le han comunicado a Pablo que prorrogarán otros tres meses la prisión preventiva. “ Polonia no fija un periodo máximo de prisión provisional”, declara Alfonso Bauluz. Para el presidente de Reporteros Sin Fronteras la incertidumbre es “el problema más grave” ya que, en España sí existe un plazo máximo de dos años más otro par prorrogable.

Asimismo, Bauluz denuncia otras irregularidades en la detención del reportero, que posee la doble nacionalidad rusa y española. “Cuando fue detenido se le puso un abogado de oficio, renunció y no sabemos el motivo, pero tampoco le asistió”. Pablo careció de “asistencia” al comparecer ante el juez. “Ahora tiene un abogado polaco que lleva su defensa legal”, comenta no sin cierto optimismo, puesto que “la elección la tiene que desencadenar él mismo”

"Es un tanto inexacto"

Pero, para Bauluz, este es un problema de fondo que radica en la legislación polaca. Pese a estar en el marco de la Unión Europea, hay derechos judiciales que no se respetan. “No vemos que la presunción de inocencia se haya respetado, está sometido a un régimen carcelario duro”, señala. Y es que Pablo está acusado de “perjudicar a Polonia como miembro del servicio militar de inteligencia de Rusia”.

Aunque no se han conocido las pruebas que Polonia confirma tener, desde RSF corroboran la anomalía en su detención. “Tenemos acceso a información de fuentes protegidas, hemos contactado con colegas en la zona, nos confirman determinados extremos, pero no es apropiado dar a conocer todos los datos”, comenta. Entre las peticiones de la organización está la celebración de un juicio con plenas garantías.

Sobre la debatida inacción del Gobierno de España, Bauluz apunta que “es un tanto inexacto”. “Desde que fue detenido y se le clonó el teléfono estábamos en contacto con sus colaboradores, denunciamos este atropello y el Gobierno, en la figura del cónsul, contactó con él y le traslada a los familiares lo que pide”, explica. Por último matiza que tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como Pedro Sánchez “contactaron con sus homólogos”. “Lo que no ha gustado son los resultados de esas gestiones”, argumenta.