El Supremo envía a prisión a Griñán porque "dispuso de fondos públicos sin control alguno"

Madrid

El Supremo sostiene por mayoría que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán cometió el delito de malversación que le envía seis años a prisión porque "no solo se limitó a usar una figura que no era legal para repartir ayudas sociolaborales sino que también dispuso de los fondos públicos sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado". Griñán, añaden, conocía que en la gestión de las ayudas se estaban produciendo gravísimas ilegalidades.

Dice la sentencia que los 680 millones de euros que repartió la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 mediante las transferencias de financiación tenían como finalidad "eludir todo control administrativo" porque ese instrumento solo está previsto para cubrir gastos de explotación y las necesidades de capital de las empresas públicas. No hubo control de la Intervención ni se cumplieron los múltiples y rigurosos requisitos que establece la ley de subvenciones andaluza. Las partidas "se gestionaron y aprobaron de forma libre, discrecional y orillando el procedimiento legalmente previsto".

La sentencia del Alto Tribunal considera probado que los distintos responsables crearon y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar todo control administrativo, disponiendo del dinero público de forma discrecional y al margen de toda legalidad.

El Alto Tribunal confirma casi en su integridad la sentencia de la Audiencia de Sevilla y avala no solo la condena a Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación, también la de su antecesor Manuel Chaves a una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, la inhabilitación de la exconsejera y la de la exministra Magdalena Álvarez, del exconsejero Gaspar Zarrías y las penas de cárcel a otros cuatro exconsejeros.