Podemos acusa a Rajoy y Cospedal de dirigir la "organización criminal" para destruir pruebas que perjudicasen al PP con la operación Kitchen

Podemos, acusación popular en la operación Kitchen, ha presentado un escrito de apelación directa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, obviando el voluntario trámite previo de recurrir en reforma ante el juez instructor, Manuel García Castellón, por el que solicita a los magistrados que revoquen la decisión de este y reabran la investigación sobre la trama política de la operación Kitchen, a la vista de los nuevos audios publicados de María Dolores de Cospedal y el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, quienes en conversación con el comisario Villarejo, aportan indicios de que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía y actuó como inductor del operativo, o que la exsecretaria general del PP ordenó la destrucción de pruebas que perjudicasen al partido, como cuando pidió al comisario «parar lo de la libretita» en alusión a la contabilidad b anotada por el extesorero Luis Bárcenas. En su escrito, Podemos considera que los nuevos audios aportan indicios de que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal integraban, supuestamente, la «cúpula de una organización criminal» destinada a destruir las pruebas que perjudicasen al Partido Popular, con el objetivo de conseguir su permanencia al frente del Gobierno. Con ese fin hicieron un uso ilícito de fondos reservados e implicaron al Ministerio del Interior, dirigido por el procesado Jorge Fernández Díaz, así como a la conocida como «policía política» con agentes a su servicio como los comisarios Villarejo, Marcelino Martín Blas o Enrique García Castaño; el inspector Andrés Gómez Gordo; el exjefe de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera; o el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Podemos destaca que coincidiendo con las fechas en las que arrancó el operativo, entre el 28 de mayo de 2013 y el 6 de noviembre del mismo año, según las agendas de Villarejo y las grabaciones aportadas, se produjeron «más de 70 comunicaciones» entre el comisario jubilado y el entorno de Cospedal, con un total de 23 mensajes cruzados, 29 llamadas perdidas y 25 conversaciones. La acusación popular añade que esta «organización criminal» tuvo un «carácter estable» y no se dedicó a un proyecto concreto, sino que su objetivo era muy amplio. Desde librar al PP de sus escándalos de corrupción a operar en Cataluña frente al independentismo o «fabricar información falsa» contra la formación morada y sus dirigentes, «valiéndose de medios ilícitos». En su escrito reclaman a la Sala que enmiende al juez García Castellón, de quien critican sus «contradicciones» por negarse a volver a investigar esta causa y abrirse a reanudar las pesquisas en el caso Dina. Pide a los magistrados que ordenen el cierre de la pieza 34 en la que el juez pide volcar todos los audios y datos nuevos que vayan conociéndose, y vuelva a imputar a María Dolores de Cospedal, a su marido Ignacio López del Hierro, y al exjefe de gabinete de aquella, José Luis Ortiz.