Un abogado explica cómo repercute en nuestro bienestar la lentitud de la justicia: "Afecta también al bolsillo de los que nunca pasan por un juzgado"

Juan Mora Sanguinetti es abogado y economista del Banco de España, pero responde a nuestras preguntas a título personal como autor del libro La factura de la injusticia, que ha publicado la editorial Tecnos. Un trabajo con el que pretende responder a las preguntas cómo funciona realmente la Justicia en España y cómo afecta a nuestro bienestar. Charlamos con él después de que el Tribunal Constitucional haya reconocido que los retrasos injustificados de la Justicia vulneran los derechos de los ciudadanos. Lo primero que a muchos se les viene a la cabeza al pensar en cómo funciona la Justicia en España es «lentitud». Se suele comentar que la Justicia en España es muy lenta y que es muy costosa, o muy poco predecible. Sin embargo, midiendo con calma aquello que debe ser medido, los resultados nos dicen que nuestro sistema tiene una lentitud similar a la de las grandes economías de Europa. Sin duda hay un problema que hay que cuidar, pero no es algo tan diferente en otros países de nuestro entorno. Un informe reciente del Consejo de Europa apunta en la dirección contraria y dice que la duración de los procedimientos judiciales en España está muy por encima de la media europea. Hay casos llamativos como el de los procedimientos civiles que llegan al Supremo; aquí tardan 888 días frente a los 172 de media fuera. Yo me mantengo en mi afirmación porque creo que hay que comparar a España con países que tengan un tamaño y una realidad similar; si miramos a países como Francia, Italia o Alemania, España se encuentra muy cercana a esa media. No hay que exagerar el problema de la lentitud, aunque por supuesto hay un margen de mejora importante. Quizá sea más llamativa la comparación entre comunidades autónomas. Ese sí diría que es un gran problema: tenemos una media que hasta cierto punto puede ser dulce, pero que efectivamente esconde un problema relevante: hay provincias y comunidades autónomas con una gran lentitud frente a otras que tienen unos resultados mucho más rápidos. ¿Habría que volver a centralizar la Justicia? Es una pregunta difícil pero los problemas tiene siempre un origen multifactorial. Yo creo que esta solución de la centralización no hay que verla como una solución mágica y hay que ver también, por ejemplo, si la inversión en tecnificación se está haciendo de una manera sensata, con concepto de país, y no con concepto regional. Otra particularidad de nuestro sistema es que tenemos muchas leyes: se aprueban más de 12.000 normativas nuevas cada año. Es un volumen importante incluso desde el punto de vista de un profesional del sector jurídico. Con posterioridad a la llegada del reciente periodo democrático, España ha aprobado unas 400.000 normas nuevas y evidentemente la complejidad de la normativa y de la regulación dificulta su uso, Es por tanto un elemento importante a analizar. Existe también un factor cultural ¿los españoles somos más proclives a poner demandas que la media de los europeos? El factor cultural siempre es muy difícil de medir y de entender, pero también es cierto que durante la última gran recesión, España llegó a ser el tercer país más litigioso de toda la OCDE; en otras palabras somos un país que tiende a generar muchos conflictos que pueden llegar al sistema judicial. ¿Influye en esa tendencia el tipo de sociedad? A más servicios y más agricultura ¿más litigios? Las sociedades con más peso en el sector servicios o en el sector agricultura son sociedades más conflictivas que las basadas en el sector industrial. Esto puede hasta cierto punto explicar diferencias que se observan dentro de España porque evidentemente hay comunidades autónomas con una base más industrial que otras. La razón está en que en el sector industrial el tipo de contratos que se firman suelen ser más predecibles, mientras que en el sector servicios se puede imaginar muchas circunstancias sorpresivas que es muy difícil prever. Basta pensar en la pandemia o en Filomena, y ver cómo afectaron a contratos de servicios o del sector agrícola. ¿Esto explica que en Andalucía sea la comunidad más afectada por los retrasos judiciales? En España la congestión judicial es más alta en comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid en las que el peso del sector servicios es muy importante. Es un tema hay que hay que tener en cuenta. ¿Estos retrasos en la justicia afectan directamente al bolsillo del ciudadano? Sin duda se observan muchos casos en los que el sistema judicial afecta de forma real al bienestar de los ciudadanos y a la eficiencia de la economía. Por ejemplo, un solo punto de congestión judicial expulsa del mercado de alquiler en Madrid a cerca de 3.400 viviendas. Si los propietarios perciben una situación de incertidumbre, ven que si tienen un conflicto por un impago de la renta y no van a poder resolverlo de forma rápida y certera en el sistema judicial, tienden a dejar de alquilar la vivienda. A partir de ahí, con datos reales y aplicando un modelo estadístico, llegamos a esas cifras. Lo mismo se puede decir de las hipotecas o los créditos. No somos conscientes de cómo afecta esto a nuestro bolsillo... A veces se olvida que la administración de justicia es también importante para aquellos que no litigan, para aquellos que nunca han pasado por un juzgado ni quieren interesarse por ello, porque les afecta en su día a día. Una sociedad con menos seguridad jurídica tiene menos alquiler, menos crédito, y empresas que puede que inviertan menos y generen por tanto menos empleo. El informe del Consejo de Europa ya citado también destaca que España cuenta con menos jueces que la media (11,24 por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de la media). Es llamativo que con muchos menos jueces por habitante que otros países europeos, obtengamos prácticamente los mismos tiempos de espera. Yo no soy juez, con lo cual no estoy en un grupo profesional que tenga que defender, pero creo que en España trabajan mucho y trabajan bien, especialmente en un país con altos niveles de litigación y con unos recursos limitados, aunque no sean escasísimos. Tenemos una carga de trabajo suficientemente alta y con unos resultados suficientemente buenos como para afirmar que nuestros jueces actúan de una manera bastante certera y con una resolución alta de sus cargas de trabajo. ¿En qué medida aumentar el número de jueces podría corregir la congestión del sistema? Por un lado el número de jueces en España a lo largo de los últimos años ha aumentado, pero no ha aumentado al ritmo que cabría esperar en función de nuestra riqueza o de nuestra población. Una sociedad que se desarrolla cada vez más, que es cada vez más rica o más poblada también genera de forma natural más conflictos y por tanto también necesita tener más manos trabajando en el sistema para resolver esos conflictos. Por otro, y esto creo que también es importante decirlo, aumentar el número de jueces no es una solución mágica. La justicia necesita en general más medios y más jueces, pero hay que analizar muchos factores y no hay que invertir siempre en todo. De hecho es interesante observar que no necesariamente las regiones con más jueces son las más productivas. Hacen falta más medios pero no de forma indiscriminada ¿Dónde habría que invertir entonces? Hay que invertir más pero con cabeza, porque España no invierte menos que otros países en Justicia. El presupuesto de Justicia sumando todas las administraciones es comparable al resto de países del entorno. Sin embargo tendemos a invertir más en gastos de personal, en jueces pero también en funcionarios, mientras que en otros sistemas jurídicos invierten más, por ejemplo, en tecnificación. Posiblemente haya que pensar no en gastar menos, ni en pagar de forma distinta a los jueces, que hay que pagarles muy bien, sino en orientar el presupuesto del futuro a invertir bien en tecnificación. Una de las soluciones pasa sin duda por la digitalización porque a nivel estadístico los países que han invertido más ahí, y han preparado mejor sus sistemas de información, han conseguido reducir más que otros sus tasas de congestión y sus tiempos de resolución. Otra gran solución pasa por la resolución alternativa de controversias mediante mediación, conciliación o arbitraje. Mecanismos que de alguna manera permitan a las partes resolver su conflicto antes de que llegue a manos de un juez. ¿La imposición de tasas judiciales podría contribuir a solucionar el problema de la congestión, ayudaría a que llegaran menos asuntos a manos de un juez? Es un asunto delicado sobre el que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que hay que respetar. Dicho eso España es junto con Francia prácticamente el único país comparable que no tiene un sistema de tasas judiciales extendido, lo que nos lleva a pensar que, respetando siempre el derecho fundamental a la litigación y teniendo en cuenta esa sentencia del Constitucional, puede ser sensato pensar en algún tipo de sistema de tasas comparable al del resto de países europeos que nos ayuden sin duda en la gestión de la justicia.

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El abogado y economista Juan Mora Sanguinetti explica cómo funciona realmente la Justicia en España

Rafa Panadero

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