"Tenemos montañas de papeles, muchos jueces siguen usando el fax": los motivos y consecuencias de la lentitud de la Justicia

Madrid

La ausencia en el desfile de las Fuerzas Armadas del que hasta este lunes era el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, es una de las noticias del día pero ésta no ha sido la única novedad relevante en el campo de la Justicia que hemos conocido esta semana. Este mismo lunes, el día en que Lesmes hacía formal su renuncia, el Tribunal Constitucional reconocía que los retrasos al señalar fechas para los juicios vulneran los derechos de los ciudadanos. Los magistrados admiten que la sobrecarga de trabajo no puede afectar a los derechos del ciudadano y su decisión abre la puerta a más reclamaciones sobre uno de los asuntos que marca nuestro sistema: la lentitud de la Justicia.

La reclamación que ha motivado el pronunciamiento del Constitucional es de un profesor al que no se le hizo contrato postdoctoral en la Universidad de Sevilla. El abogado que ha llevado su caso, Daniel Sánchez Bernal, recibió emocionado la noticia: “Lloré por mi cliente, pero lloré también por todos los justiciables, porque cualquier de nosotros en cualquier momento podemos convertirnos en justiciables”.

A partir de ahora, "puede llegar una cascada de demandas de compañeros que estaban en la misma situación, esperando juicios eternamente, por 3, 4 ó 5 años; esto ha sido un auténtico terremoto”, advierte Sánchez Bernal, que de hecho ya ha presentado otra demanda para un caso similar que también está llevando él. A Yolanda, una sevillana de 46 años, sin empleo, le han denegado la Renta Activa de Inserción (RAI) pese a que asegura cumplir todos los requisitos. “Me han señalado el juicio para octubre de 2025, dentro de tres años. Todavía no salgo de mi asombro, si no fuera por mi familia no sé qué haría, porque no tengo ingreso, no tengo trabajo….", se lamenta. Ambos casos están en un juzgado de Sevilla. Andalucía es la comunidad autónoma que más retrasos acumula con casos límite como el del juicio por un despido que se ha fijado para 2026, cuatro años y medio después de que se presentara la demanda. Pero más allá de estos casos particulares, los datos globales sobre el estado de la Justicia en España no reflejan una situación mejor.

"Tenemos una organización anclada en el siglo XIX"

La jueza Natalia Velilla, magistrada de en el juzgado de Familia y Protección al Menor de Móstoles (Madrid), ha explicado en Hoy por hoy algunos de los motivos y las consecuencias de esta lentitud alarmante. Ella que ha llevado muchos temas relacionados con discapacidad ha visto cómo muchas veces muere la persona antes de llegar a litigio y que cuando los trabajadores reclaman determinadas indemnizaciones mientras se retrasa el juicio no cobran y corren el riesgo de que la empresa demandada desaparezca y sus posibilidades de cobrar sean inferiores. "Se produce un efecto bola de nieve que tiene unas consecuencias indescriptibles", resume.

Velilla también lamenta la saturación debida muchas veces a la incapacidad de llegar a acuerdos sin confrontación: "Conozco una familia que todos los septiembres se reclamaban el importe de una mochila de un niño, con su abogado y su procurador". Por eso, también cree que sería muy útil que hubiera una resolución alternativa de conflictos —la figura de un mediador, por ejemplo— porque aquí "la gente en seguida va a juicio".

Otro de los problemas que señala esta jueza tiene que ver con la escasa digitalización del sistema judicial español: "Es una entelequia todavía. Se está avanzando mucho pero por ejemplo en Madrid esto todavía no es un hecho. Muchos juzgados tienen salas enteras llenas de expedientes y a veces te tienes que ir con una maleta a casa con un expediente porque no tienes acceso a él desde un ordenador. Teniendo en cuenta que todavía seguimos utilizando el fax... todavía estamos muy lejos de alcanzar los estándares de tecnología", critica. Además, los sistemas no son compatibles entre comunidades autónomas: "Yo no sé si una persona tiene un divorcio abierto en otra comunidad autónoma, por ejemplo, y surgen problemas de competencias. Hay muchos problemas por la falta de comunicación entre administraciones".

La pandemia ha traído una crisis económica que se ha reflejado en la justicia al cabo del tiempo. Morosidad, problemas de familia, ERTE y ERE que se han convertido en despidos... que han llevado a la justicia a la situación crítica por la que está pasando. En cualquier caso, no cree que sea un problema de medios económicos sino de "mala distribución de recursos existentes": "Se malgasta en justicia, con una administración del siglo XIX". Y el problema es que, según esta jueza, "ningún Gobierno está dispuesto a llevar a cabo la reforma necesaria porque sus frutos se verían a largo plazo y no hay rédito electoral. También hay un déficit de personal pero hay otra serie de cosas que deberían reformarse".

Esta magistrada también critica la situación a la que les ha llevado el bloqueo de la renovación del Poder Judicial: "Estamos indignados. La gente acaba asimilando que los que estamos en los juzgados somos el Poder Judicial y al final te acaba salpicando. Además, esto tiene consecuencias directas en nuestro trabajo: cuando un órgano está en funciones tanto tiempo dejan de tener iniciativas y estamos un poco paralizados desde el punto de vista de mejora del trabajo de los jueces".

En la media europea

Según el Consejo de Europa en España todos los procedimientos duran más, de media, que en el resto de países. Especialmente llamativo es el caso de los procedimientos civiles que llegan al Supremo: 888 días frente a los 172 del resto. Pero si de esa comparación sacamos a países como Dinamarca o Malta, y nos fiamos en otros más cercanos y parecidos, como Italia, Francia o Alemania, no estamos tan mal. “No hay que exagerar el problema de la lentitud, estamos en la media, aunque es innegable que hay un margen de mejora importante”, comenta Juan S. Mora Sanguinetti, autor del libro La Factura de la Injusticia.

Este abogado y economista del Banco de España, que habla a título personal considera que los jueces en España hacen un gran trabajo, lo que permite mantener esos tiempo de espera para un juicio a nivel de países del entorno que sin embargo tienen muchos más jueces. En nuestro país tenemos poco más de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de los que hay en Alemania. “Yo no tengo que defender a nadie, pero creo que trabajan mucho y bien, especialmente en un país con altos niveles de litigación”, concluye.

¿Los españoles vamos a juicio por cualquier cosa? “Por si el niño hace o no la comunión, por la custodia del perro, recuerdo un divorcio con separación de bienes en el que el problema era el reparto de una enciclopedia y la vajilla”, recuerda Josefa Fernández, que es Letrada de la Administración de Justicia. Ellos están en primera línea y conocen bien el día a día de un juzgado. Desde ese conocimiento identifica un problema estructural: “Aplicaciones obsoletas, conexiones a Internet lentas, ausencia de formación del personal, falta de cobertura de vacantes, incompatibilidad de sistemas entre administraciones de distintas comunidades autónomas…”. La lista de síntomas de los males de la Justicia podría seguir, pero cualquier tratamiento, advierte, pasa necesariamente por poner dinero: “Hay que retirar inversión de otros ministerios que sí dan votos, para apostar por otros que no los dan, como es Justicia. Pero como los resultados de esa inversión sólo se verán a largo plazo, tenemos la receta perfecta para que el problema se mantenga, soy realista”.

En la necesidad de invertir coincide Mora Sanguinetti, pero es algo que hay que no se puede hacer a lo loco: “En general se necesitan más medios y más jueces, pero eso no es una receta mágica, no hay que invertir siempre en todo”. Donde sí habría que poner el foco, según su punto de vista es en soluciones que eviten llegar a juicio, basadas en la mediación y los acuerdos previos, y en la digitalización: “Los países que mejor han preparado sus sistemas de información son los que han conseguido reducir mejor que otros sus tasas de congestión y sus tiempos de resolución”.