Esperanza Aguirre es exonerada de la financiación ilegal del PP al "no poder demostrarse que conociera" los hechos

Madrid

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al igual que propuso la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido exculpar de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid entre los años 2007 y 2011 a la expresidenta regional, Esperanza Aguirre. No porque no haya indicios de que existiera sino porque no ha podido demostrarse que tuviera conocimiento de esa financiación ilícita a pesar de ser la principal responsable del partido en la región, según el auto del juez. García Castellón afirma que no puede considerarse acreditada la participación de Aguirre en los hechos delictivos porque “no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora” de los hechos objeto de investigación.

Respecto a la otra acusación, la de que fue beneficiada con trabajos de reputación personales en redes sociales pagados con dinero público, tampoco dice el juez que haya podido probarse que Aguirre tuviera conocimiento “ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo ni de cómo se abonaban” los mismos.

El juez libra del procesamiento a otras 70 personas

Además de a Esperanza Aguirre, el juez libra del procesamiento a otras 70 personas, entre ellas el sucesor de Aguirre en la presidencia de la comunidad de Madrid, Ignacio González, o los exconsejeros Lucía Figar y Manuel Lamela. El magistrado sí que observa indicios suficientes para enviar al banquillo por la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid a quien fuera su secretario general, Francisco Granados, o al gerente de siempre de Aguirre en la formación política en Madrid, Beltrán Gutiérrez, así como a otras seis personas. Considera que los ocho habrían incurrido en delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias durante las elecciones de 2011, en las que supuestamente, la formación conservadora en Madrid obtuvo financiación ilegal.

También les considera responsables de los contratos ilícitos para el posicionamiento en redes de altos cargos, para lo que contrataron al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.El juez considera prescritos los hechos para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Además de a los políticos, también exculpa a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, supuestos pagadores de fondos en negro.