El PSOE rebaja las expectativas de Unidas Podemos sobre la derogación de la ley Mordaza

Las negociaciones entre el Gobierno y sus socios para derogar la conocida como ley mordaza empiezan a entrar en un terreno peligroso, según fuentes de los distintos grupos que defienden modificar el texto aprobado en 2015 por el PP. Tras más de veinticinco reuniones –este mismo jueves volverá a celebrarse otra– los portavoces de PSOE, UP, ERC, PNV y EH Bildu no han sido capaces de avanzar en ninguno de los asuntos que generan más tensión: el uso del material antidisturbios, la reforma del delito de faltas de respeto a la autoridad o las devoluciones en caliente. Entre el ejecutivo y la mayoría de grupos se extiende la sensación de que el acuerdo no va a ser posible. Las fuentes consultadas coinciden en que la negociación de esta ley es “la más compleja” de las que hay pendientes y el discurso de los partidos implicados empieza a centrarse en repartir las culpas por el bloqueo. Mientras el PSOE y el ministerio del Interior señalan a otros partidos de reabrir cuestiones supuestamente cerradas para enredar la negociación; Unidas Podemos, EH Bildu o Esquerra acusan de inmovilismo al ala socialista. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostienen que la responsabilidad recae solo sobre el Congreso, que es quien promueve la iniciativa. Al margen de las diferencias en torno a la norma, los negociadores creen que hay condicionantes externos que dificultan el pacto. Por un lado, para sacar adelante la reforma de una ley orgánica, como la de Seguridad Ciudadana, se necesita una mayoría absoluta (176 síes), lo que supone amarrar el voto a favor de muchas formaciones que parten de posiciones alejadas en esta materia. La cercanía a las elecciones autonómicas y locales es otro factor que puede influir, según algunos ponentes. Hay portavoces que creen que el PSOE no quiere irritar a ciertos sectores policiales a las puertas de una precampaña electoral. Otros aseguran que Esquerra no cede en sus posturas de máximos para marcar perfil propio y distanciarse de la coalición. Unidas Podemos es el único grupo que se muestra optimista por el desarrollo de las conversaciones. Públicamente el portavoz de la formación, Enrique Santiago, ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo sobre el texto antes de que acabe el mes de octubre. Su plan pasaría por convocar las reuniones de la comisión en noviembre y que la norma recibiese la luz verde de la Cámara antes de cerrar el periodo de sesiones en diciembre. El PSOE sin embargo rebaja esas expectativas. Ni se ponen plazos, lo consideran “muy atrevido” en un texto tan complejo, ni ven los avances de los que habla su socio de coalición. Los socialistas creen, como EH Bildu o PNV, que aún no se ha entrado a discutir sobre los aspectos de mayor fricción. Las casi treinta reuniones del grupo de trabajo han permitido pactar apenas quince puntos del nuevo texto que se pretende aprobar. Pero aún hay que abordar, por ejemplo, el uso del material antidisturbios. Los socios quieren que la norma recoja expresamente la prohibición de las pelotas de goma pero el ministerio cree que no es operativo incluir en una ley cuestiones que forman parte de protocolos de actuación policial. Interior defiende introducir una consideración genérica apelando a que las autoridades competentes deben utilizar medios menos lesivos que eviten lesiones irreparables. EH Bildu o Esquerra apuestan por las balas de foam, que por ejemplo utilizan los Mossos d Esquadra en Cataluña. Otro de los artículos que genera controversia es el que hace referencia a las faltas de respeto y desobediencia a la autoridad, delitos que provocan un gran número de las sanciones impuestas en virtud de la ley mordaza. Los grupos parlamentarios quieren que la redacción acote los supuestos en los que un agente puede multar por este motivo y acabar un concepto difuso que no tiene las garantías suficientes. Interior admite que todo lo que se pueda interpretar como un límite la autoridad de las Fuerzas de Seguridad es difícil de explicar por parte del ministerio. Esquerra pide además acabar con las devoluciones en caliente, pero el gobierno cree que ese debate debe darse en la ley de Extranjería. Este aspecto es una línea roja para Interior que se niega a ceder.