Granados apunta a Aguirre y González por la financiación del PP: "No soy el artista principal de toda esta copla"

Madrid

El exsenador del PP, ex consejero en Madrid y antiguo secretario general del partido en la región, Francisco Granados, ha recurrido ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional su procesamiento en la pieza de la financiación ilícita del PP en Madrid, por delito electoral, cohecho y tráfico de influencias.

En un escrito de 115 páginas al que ha accedido la SER, Granados critica que el juez Manuel García-Castellón le atribuya responsabilidad por la financiación ilegal del partido en 2011, porque no ostentaba ninguna función al respecto como director de campaña, que según dice, era un cargo “honorífico”.

La responsabilidad, recalca Granados, era del “administrador electoral” de aquellos comicios, que fue el gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, a quien no podía “controlar o desacreditar” como director de campaña.

Aguirre y González “tenían la competencia” de supervisar la financiación

Quienes realmente tenían la “competencia” y podían haber “tutelado”, “gestionado” o “conocido” la gestión de Beltrán eran “Esperanza Aguirre e Ignacio González”, que por sus cargos de presidenta y vicepresidente ostentaban las “facultades” en la materia y se encontraban “en un plano muy superior” al de Granados.

Por ello, el procesado considera un “contrasentido y contradicción” mantener, por parte del juez, la acusación contra “alguien que orgánicamente carece de potestad y competencia”, cuando Aguirre y González “son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión con el administrador electoral”, Beltrán Gutiérrez Moliner. A pesar de ello, tanto la ex presidenta como su sucesor han sido exonerados.

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Granados: “Fui decapitado por Aguirre y González”

Francisco Granados afirma en su escrito que no es “el artista principal de toda esta copla” y recuerda que fue “decapitado” por Aguirre y González dos meses después de las elecciones de 2011, lo que a su juicio demuestra que no era “persona de confianza” y que “difícilmente” le hubieran dado a conocer detalles tan comprometedores relativos a la financiación ilícita, para poco después cesarle “con tanta rapidez, frialdad y alegría”.

En el texto, Granados recuerda además que el juez empleó como argumento para exonerar a Aguirre la conversación intervenida de la ex presidenta con Francisco González en la que si bien negó que la fundación Fundescam hubiese participado en la financiación ilegal, admitió que pudieron haber sobrepasado el límite electoral en campaña. Para Granados, “denota al menos un conocimiento de esa posibilidad” por parte de Aguirre.

La libreta de Granados

En cambio, a su juicio no existen indicios contra él más allá de su libreta confiscada con supuestas entradas de efectivo. Una prueba que a su entender debería ser eliminada porque han sido exonerados los empresarios pagadores Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid que figuran en las anotaciones. Si no se considera a la libreta como prueba para el empresario que abona el dinero, tampoco debería serlo para quien percibe la cantidad, dice el ex secretario general del PP.

Granados también manifiesta que existe discriminación y vulneración del derecho a defensa cuando el juez valora como indicio que figura como administrador de la cuenta bancaria electoral del Partido Popular, y desprecia que junto a Granados, también aparecían como administradores de esta cuenta la propia Aguirre y el tesorero José Ignacio Echevarría.

En cualquier caso, para Francisco Granados el juez debería considerar prescritos los hechos porque el delito electoral prescribe a los tres años, y desde 2011 hasta que fue informado de la imputación en diciembre de 2016, transcurrieron cinco.

“¿Por qué el desconocimiento de Aguirre no es válido para Granados?”

Respecto a las acusaciones por cohecho y tráfico de influencias en los trabajos reputacionales en redes sociales elaborados por el conseguidor, Alejandro de Pedro, el ex secretario general del PP, Granados denuncia de nuevo discriminación y que se le pretende “involucrar forzosamente” en el procedimiento “basándose en meras suposiciones e insinuaciones”, porque solo fue beneficiado con un informe reputacional, mientras que Aguirre, González o Lucía Figar recibieron “innumerables trabajos entre 2011 y 2014”. Según su escrito, en todo el procedimiento no hay un solo indicio de que supiera cómo y de qué forma eran abonados esos informes, por lo que se pregunta “por qué el argumento del desconocimiento” sobre los pagos utilizado para exonerar a Aguirre o González, “no es válido para Granados”.

Casi 4 millones en negro en las elecciones de Aguirre en 2011

Según la investigación judicial, el PP de Madrid se financió de forma ilegal en todo el periodo investigado. Tanto en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, como en las generales de 2008, aunque García-Castellón solo ha propuesto juzgar la campaña de 2011 por considerar prescritas el resto.

En aquel año 2011, según la instrucción judicial, el PP de Madrid declaró ante la Cámara de Cuentas un gasto electoral de 2.9 millones de euros, pero el real ascendió a los 6.8 millones, casi 4 millones en negro más con los que Esperanza Aguirre compareció dopada a aquellos comicios.

Después de 6 años de investigación, el juez ha librado de la acusación a 74 personas físicas y jurídicas, entre ellos los principales cargos políticos en Madrid como los expresidentes Aguirre y González, o los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria o Juan José Güemes. Solo hay ocho personas procesadas y se trata de cargos secundarios en el partido o en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el propio Granados, el gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez o la directora general de medios de Aguirre y González, Isabel Gallego.