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Cientos de vecinos reciben multas sin notificar y preparan una demanda contra el Ayuntamiento: el extraño caso de las multas de Palma

Reclaman que se inicien de nuevo los expedientes sancionadores para tener la oportunidad de pagar las sanciones con la bonificación. Hay personas que acumulan decenas de multas y que aseguran que jamás fueron avisadas por la empresa de reparto, que ya fue investigada por falsificar notificaciones

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Palma

Cientos de palmesanos continúan recibiendo embargos y cobros de multas de tráfico que no les han sido notificadas. Más de medio millar de ellos han logrado agruparse y preparan una demanda colectiva contra el Ayuntamiento de Palma, que tiene subcontratadas las labores de notificación a la empresa CI Postal. Los afectados afirman que nunca recibieron en su domicilio las notificaciones, que les habrían permitido enterarse a tiempo de la infracción y pagar las multas con descuento. Denuncian que la empresa directamente no las entrega.

Es el caso de Raúl Lodeiro, vecino de Palma que ha descubierto que tenía pendientes 19 multas por un valor de más de 7.000 euros. Todas las sanciones se las ha puesto el radar de la calle Pompeu Fabra de Son Oliva. Afirma que no recibió ninguna notificación de ningún repartidor de CI Postal. Pagó las dos primeras hasta que se enteró de que no era el único en una situación así.

Raúl Lodeiro

Otro de los afectados es Juan José Rodríguez. Él recibió una carta certificada en su domicilio. Descubrió que era una multa que se había incrementado hasta los 600 euros porque, según le indicaron, no había contestado a los dos primeros avisos.

Juan Rodríguez

Los episodios que narran los afectados son muy similares. Reciben notificaciones de multas con el importe final a pagar y sin la posibilidad de pagar con un porcentaje de descuento. Desde el Ayuntamiento siempre les comunican que es porque no han respondido a los dos primeros avisos, que ellos niegan haber recibido. José Blanco, otro de los afectados, asegura que las coordenadas que los repartidores marcaron en su geolocalizador para demostrar que habían pasado por su domicilio no coinciden con su dirección.

José Blanco

En el punto de mira del caso se encuentra la empresa CI Postal. El pasado mes de febrero cuatro empleados y la responsable fueron detenidos por falsificar las firmas de los residentes a los que tenían que entregar notificaciones. Esto provocó que cuando los aludidos se enteraban de que les habían impuesto una multa, ya era demasiado tarde para poder pagar sin recargo o a mitad de precio. La empresa también fue investigada por hechos similares en Oviedo donde también tenía la concesión para notificar.

El Ayuntamiento tiene externalizado este servicio debido al elevado volumen de notificaciones que realiza a lo largo del año y que superan las 350.000. El procedimiento de notificación tiene varias fases. Se intenta una primera vez y una segunda a los tres días si no se localiza a la persona. Si en esa segunda ocasión tampoco es posible dar con la persona, el afectado tiene que acudir a recoger la notificación a la empresa CI Postal. Si no lo hace en el periodo de días indicado, la multa sigue su trámite hasta ser publicada en el BOE.

En ese momento es cuando se suelen esterar los afectados, que ya han perdido la posibilidad de pagar con descuento y en muchas ocasiones tienen que hacerlo con recargo. A pesar de que desde el Ayuntamiento de Palma dijeron que los problemas se habían solventado, en las últimas semanas se han encontrado miles de cartas que la empresa tenía que repartir en torrentes y descampados de la ciudad. El Consistorio da por válidas las coordenadas que los repartidores registran en sus dispositivos para justificar la entrega de las notificaciones. El alcalde, José Hila, afirmó la semana pasada que se estudia cada caso y pide a los afectados que se pongan en contacto con el consistorio para ver si tienen derecho a pagar sin recargo. En cualquier caso, muchos afectados sostienen que el consistorio ignora los recursos que han interpuesto, a los que no contesta.