Faltan pediatras en los centros de salud, faltan psicólogos en la sanidad pública y también en los colegios donde los profesores están desbordados por el crecimiento de los trastornos mentales que sufren los menores. Y el impacto de estos problemas de salud mental es mayor en familias vulnerables y con menor renta. Es la preocupación que ha mostrado hoy la Plataforma de Infancia en la presentación de su informe La situación de la infancia en España 2022. Según los últimos datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud, en 2017 solamente un 1% de la población infantil y juvenil sufría de problemas de salud mental. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la situación ha empeorado radicalmente con un aumento de hasta el 47% en los trastornos de salud mental en la infancia y en la adolescencia. Los casos de ansiedad y depresión y los diagnósticos de TDAH se han multiplicado por tres o cuatro desde 2019, y los comportamientos suicidas han aumentado hasta un 59%, llegando a ser en 2020 la segunda causa de muerte entre los niños, niñas y jóvenes entre 10 y 19 años, solo por detrás de los accidentes de tráfico. El estudio señala a España como uno de los países europeos con mayor prevalencia en problemas de salud mental entre niños, niñas y adolescentes y lamenta que todavía no se haya creado el Plan Nacional de Salud Mental para la Infancia y la Adolescencia anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en 2021. Tampoco existe aún una especialidad en Psicología Clínica Infantil ni se han registrado mejorías con respecto a los problemas de infradotación de los servicios de salud mental, insuficiencia de recursos especializados -con las consecuentes listas de espera- y ausencia de personal cualificado en materia de salud mental infantil, incluidos los psiquiatras, en todo el territorio nacional. Todo ello, destaca el informe, muestra que las inversiones de la sanidad pública en la promoción, la protección y el cuidado de la salud mental de los niños, los jóvenes y sus cuidadores siguen siendo insuficientes. Las organizaciones de infancia reconocen los avances en materia como la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia; la nueva ley educativa o las mejoras en el Ingreso Mínimo Vital pero denuncian grandes carencias presupuestarias, falta de equidad y vulneraciones de derechos. Según la Plataforma de Infancia, es fundamental destinar recursos económicos a reducir la pobreza infantil y acabar con la falta de equidad. El riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos 5 años. Mientras que la pobreza infantil afecta al 28% de los niños y niñas, las ayudas o becas comedor solo llegan al 11% del alumnado de educación obligatoria. Además, la tasa de abandono escolar temprano en España se situó en el 13,3 % en 2021, aún lejos del 9,7% que registra la tasa media de la UE; únicamente el 26,3% de los niños y niñas de familias con rentas más bajas acceden a la educación 0-3, frente al 62,5% de los niños y niñas con rentas más altas; lo que genera un problema de equidad desde edades tempranas. Otro de los reproches de las ONG es que desde 2016 España no cuente con un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.