El Gobierno defiende la actuación "proporcional y ajustándose a la legalidad" de la Guardia Civil en el salto a la valla de Melilla de junio

El Gobierno ha mostrado su apoyo a la actuación del Ministerio del Interior sobre la respuesta al asalto de la valla de Melilla del pasado mes de junio, que se saldó con una veintena de inmigrantes fallecidos. «El Gobierno se ha expresado ya en otras ocasiones. Reitero que este Gobierno lamenta esa tragedia humanitaria y la pérdida de vidas. Interior ha dado explicaciones desde el primer momento. Expresar la confianza con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en un escenario complicado, que trabajan y lo hacen de forma proporcional y ajustándose a la legalidad. Y la predisposición del Gobierno para colaborar con la justicia en todo», ha dicho la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ha recordado que el ministro ya compareció en sede parlamentaria sobre este asunto y que «hay una investigación por parte de la Fiscalía con la que el Gobierno está colaborando». Los fragmentos de los vídeos oficiales de la Guardia Civil sobre la tragedia de Melilla que tuvo lugar el 24 de junio, a los que ha podido acceder La Cadena SER, evidencian como los jóvenes quedaron aplastados en suelo español sin recibir ningún tipo de asistencia médica, con conocimiento de las fuerzas de seguridad que se encontraban en la zona. Paralelamente, los 460 chicos que se encontraban junto a la carretera melillense fueron devueltos ilegalmente a Marruecos con la inmersiones de los germandes alahuitas en territorio español. El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Una norma que, como ha adelantado la Cadena SER, obligará a los conocidos como «lobbies» a formar parte de un registro oficial, buscando dar respuesta al vacío legal que durante años llevan denunciando distintos sectores de la sociedad y organizaciones. De esta forma, el objetivo del Ejecutivo es elevar los estándares de rendición de cuentas «facilitando a la ciudadanía un mayor conocimiento sobre los comportamientos que inciden en las instituciones y en las autoridades públicas». «Damos un gran paso adelante en transparencia», ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto define lo que se entiende como «lobby» y lo que no. Por ejemplo, no serán ni los organismos públicos ni los partidos políticos, entre otros. Para su puesta en marcha se creará un registro de grupos de interés que estará publicado en el Portal de la Transparencia y deberá incluir las reuniones que se mantienen con los cargos públicos. «Los grupos que no estén inscritos no podrán contactar con los cargos públicos y deberán cumplir un plan de conductas», ha dicho. «España cubre una carencia y responde a una demanda de la sociedad civil para mejorar la calidad democrática», ha explicado. El borrador del texto también busca endurecer la legislación sobre las puertas giratorias, impidiendo que cualquier alto cargo de la Administración pueda realizar tareas de influencia desde empresas o consultoras de asuntos públicos. Para esto se impondrá un «periodo de enfriamiento» de dos años a los altos cargos salientes antes de volver a implicarse en alguna actividad que guarde relación con sus competencias anteriores entre otros asuntos. «Se modifica la ley reguladora y además, las actividades quedarán reflejados en la memoria de análisis de impacto en dicha ley», ha explicado Montero.

El Gobierno defiende la actuación "proporcional y ajustándose a la legalidad" de la Guardia Civil en el salto a la valla de Melilla de junio

Las imágenes que ha podido visionar la SER muestran cómo los migrantes quedaron aplastados en suelo español

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