La Comunidad empieza a tramitar este jueves en la Asamblea la Ley de Patrimonio Cultural, aprobada a mediados de octubre en Consejo de Gobierno. Entonces, no se habló de Franco, ni de Cuelgamuros ni de la Cruz del Valle de los Caídos, ubicada en el municipio de San Lorenzo de Escorial y gestionada por Patrimonio Nacional. Vox lleva semanas reclamando que este complejo levantado durante la dictadura franquista sea considerado Bien de Interés Cultural (BIC). Pretende así evitar cualquier modificación como consecuencia de la aplicación de la Ley estatal de Memoria Democrática. Ahora, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se abre a su blindaje a través de la Ley de Patrimonio Cultural. En concreto, del artículo 73 que recoge como bienes del patrimonio etnográfico «la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a recoger». Fuentes del Gobierno madrileño admiten que la decisión no está en sus manos, sino que serán los técnicos de Patrimonio quienes tengan la última voz sobre este asunto. Con este movimiento, el Gobierno madrileño trata de acercar posturas con VOX. Sus únicos socios posibles para sacar adelante los Presupuestos de la Región han alzado la voz contra la gestión de las urgencias extrahospitalarias por parte de Isabel Díaz Ayuso. Aunque nadie en la política madrileña plantea como hipótesis que los ultras puedan tumbar las cuentas presentadas por el Gobierno autonómico. De esta forma, Ayuso se presenta hoy en la Asamblea con otro asunto polémico que sirva para desviar la atención de la crisis sanitaria. La agenda de la presidenta madrileña ha estado vacía durante toda la semana. Tan solo tuvo un acto público el lunes, donde trató de convertir la manifestación masiva a favor de la sanidad pública del día anterior en una simple protesta alentada por los partidos de izquierdas. Ayuso evitó calificarla de «fracaso», como sí hizo horas antes el Partido Popular de Madrid.