El Gobierno ha retomado este lunes la negociación con los agentes sociales para la última fase de la reforma de las pensiones, que incluirá la subida gradual de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social durante las próximas tres décadas. La principal novedad de la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es elevar el periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondrá elevarlo a 30 años, pero pudiendo elegir los mejores 28 años. No obstante, el Ministerio de Trabajo ya se ha desmarcado de la propuesta de Escrivá, ya que sostiene que la solución no pasa por recortar un incremento del periodo de cálculo, que supone un recorte para acceder alas pensiones. «Siempre hemos mantenido que las soluciones no pasan por recortar y un incremento del periodo de cálculo constituye un recorte que dificulta acceder a la jubilación», han declarado fuentes del Ministerio a la Cadena SER. El Ministerio ha convocado a los sindicatos UGT y CCOO, y a las patronales CEOE y Cepyme, a la mesa de diálogo social a las 18:30 horas, después de la última reunión formal del pasado 12 de septiembre y entre las propuestas que han hecho, Escrivá ha avanzado su intención de comenzar a revisar las modalidades de jubilación parcial y activa para el próximo año. De esta manera, se elegirán los mejores 28 años de los últimos 30 y se dejan fuera del cómputo los dos peores años. No es necesario elegir dos años consecutivos, sino que se elegirán los 24 peores meses a través del algoritmo. Se irá implementando de manera progresiva a partir de 2027. Es decir, se le contarán 25 años y 5 meses, y de ahí los mejores 3 y de ahí, será progresivo hasta 2028, año en que se aplicará la deducción de los 24 peores meses. El principio de acuerdo iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Según fuentes del Ministerio, el cambio «se realizaría de manera progresiva». Asimismo, se propone un tratamiento especial para las lagunas de cotización de los autónomos, aunque es un punto que está aún por concretar. Otra de las cuestiones es la revalorización de las pensiones al IPC. Para ello, se pretende revalorizar la base máxima con el IPC, así como todas las pensiones, más un incremento de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Con esta medida, se pretende actualizar cada año las pensiones al IPC y establecer un tope a las pensiones máximas, pero de manera proporcional. Los sindicatos valoran la propuesta de forma positiva como punto de partida para negociar, pero consideran que son medidas aún insuficientes. En las últimas semanas, los agentes sociales se han quejado de la falta de negociación y de propuestas respecto a los aspectos que quedan pendientes para completar la reforma de las pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas para este año. Entre los temas pendientes está la adecuación del periodo de cómputo para cubrir lagunas de cotización y mejorar el tratamiento de las mismas, así como esa subida de las bases y pensiones máximas. Escrivá se ha mostrado confiado en poder cerrar antes de final de año estos temas, que irían en forma de real decreto ley para cumplir con ese plazo comprometido con Bruselas. Este segundo bloque de la reforma de pensiones se suma al sellado con los agentes sociales en julio del año pasado y que incluyó volver a revalorizar las pensiones conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC) junto a otras medidas como cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación o nuevos incentivos para la jubilación.