Doble error del Gobierno

Barcelona

Y ahora, ¿quién creerá que la Justicia es independiente? El Gobierno, harto del bloqueo conservador, nombra dos magistrados del Tribunal Constitucional, a lo que tiene derecho. Nada que objetar. Elige a dos juristas de reconocida competencia. Nada que objetar. Pero ocurre que ambos han ostentado cargos políticos o político-técnicos bajo administraciones socialistas. Y hasta hace muy poco ambos trabajaban, uno como ministro y otra como alto cargo en la Moncloa, a las órdenes del presidente Sánchez. Todo que objetar.

No es un atenuante que eso mismo lo haya hecho el PP muchas veces: promovió a presidente del tribunal a un militante suyo. Nombró al que luego sería consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso, un tipo que fue detenido por conducir una moto, ebrio y sin casco, y a 180 kilómetros por hora, por la Castellana madrileña. Todo eso está muy mal, está peor.

Pero no justifica designar jueces del propio partido y que hayan trabajado bajo la disciplina del Gobierno. Porque, ¿qué garantías tienen los que buscan justicia, sobre todo si son de otra familia política, si el árbitro está decantado? Claro que siempre es posible mantener la independencia de criterio y las propias convicciones, incluso ante un pelotón de fusilamiento. Pero no es el qué, sino el cómo. Los miembros de un tribunal no solo deben ser independientes, deben parecerlo; como la mujer del César, quien además de ser honesta, no podía provocar dudas de que lo fuese.

La excusa gubernamental de que el Constitucional no es estrictamente un órgano judicial es irrelevante. Es mucho más que eso. Puede tumbar leyes y rectificar sentencias. El Gobierno se hace daño a sí mismo con estas decisiones. Y lo peor, perjudica a los ciudadanos, a su confianza en las instituciones, a su bienestar moral. Qué tristeza.