La parcela en la que sucedió la tragedia de Melilla es propiedad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Madrid

No solo sucedió en España, sino que el propietario de la parcela donde aconteció la tragedia de Melilla del 24-J es el propio Gobierno de España. Según consta en los documentos del registro catastral, un órgano del Ministerio de Hacienda, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, queda acreditado que el titular de ese suelo y de todas las parcelas contiguas es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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Todas las parcelas del puesto fronterizo del Barrio Chino y todas las que la rodean y en las que se desarrollaron los hechos de la llamada “masacre” de Melilla están domiciliadas a nombre de administraciones españolas. Las dos claves, donde sucede la “avalancha mortal” en la que perdieron la vida al menos 23 personas, tienen como titular la misma dirección: Paseo de la Castellana número 67 de la capital de España, dirección que corresponde al tradicionalmente conocido como ministerio de Fomento.

A pesar de la insistencia del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que sigue negando que los hechos y que las muertes se hayan producido en territorio español, los supervivientes, ONG, juristas, el Defensor del Pueblo, los tratados históricos bilaterales y también los documentos de la propiedad del terreno acreditan que la masacre del pasado 24 de junio sucedió en suelo español. En concreto, se trata de las parcelas designadas con la numeración: 77, 122, 9030, 9039, 9059 y 9093.

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Desde el departamento que dirige Marlaska responden que “las fronteras entre Estados no los marca el catrasto ni criterios aplicables a lindes entre particulares. El derecho internacional es claro a la hora de establecer que quien ejerce de forma pacífica e incontestada el control operativo sobre una zona a lo largo de los años está ejerciendo la soberanía”, apuntan fuentes del Ministerio del Interior, que no responden a la pregunta de si está queriendo decir Marlaska que Marruecos ejerce “soberanía” sobre una parcela de titularidad del Gobierno de España.

Ni el Gobierno español ni el marroquí han hecho público aún ningún informe oficial en el que se cifre el balance final de la tragedia. Sigue sin conocerse cuántos son los muertos, dónde están los cadáveres, autopsias, posibles causas de las muertes y mucho menos una lista de desaparecidos.

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Frente al aluvión de críticas a la vulneración de derechos humanos en la frontera sur española, en esta ocasión en Melilla, la tesis oficial que enarbola Interior y que sigue defendiendo el propio presidente Pedro Sánchez se basa en sostener que los hechos no sucedieron en nuestro país, lo que, según distintos juristas, busca eludir la responsabilidad del Estado en el suelo de su soberanía.

El primer argumento de Marlaska para no asumir esa posible responsabilidad española sobre lo que sucede en su propio territorio fue sostener que se trataba de una “tierra de nadie” entre ambos países, un razonamiento que no tiene cabida en el derecho internacional. El siguiente paso en la argumentación fue denominar el patio en el que se hacinaron la mayoría de los refugiados sudaneses y que realmente está en la parcela propiedad del Ministerio de Transportes como “zona operacional conjunta”, a pesar de que los documentos que publica este miércoles la Cadena SER dejan en evidencia que son del propio Gobierno de España.

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No obstante, en el relato de las imágenes de la Guardia Civil que pudieron visionar tanto la Cadena SER y El País se observa que el uso de abundante material antidisturbios (pelotas de goma, botes de humo, gas pimienta, etc.) fue contundente por parte de las fuerzas policiales y militares marroquíes, pero también de la Guardia Civil Española. También esas imágenes constatan que nadie prestó auxilio a los que quedaron aplastados bajo las muertes de los tornos fronterizos del barrio chino, que los agentes marroquíes entraron a Melilla a llevarse, en muchos casos a rastras, a estos jóvenes sudaneses y que la Guardia Civil participó en la expulsión ilegal de 470 de estos jóvenes que sí habían conseguido llegar a la carretera melillense que rodea la valla, en un procedimiento que, según el Defensor del Pueblo o ACNUR, es contrario a derecho y que según Interior es un “rechazo en frontera “.

Frente a la “transparencia” que, según Marlaska, ha tenido el Gobierno español desde que sucedieron los hechos el 24-J , tanto la Fiscalía General del Estado como el Defensor del Pueblo mantienen sendas investigaciones abiertas. Sucedió en España y “nadie hizo nada para auxiliar”. Esta es "la verdad" de los supervivientes y de la mayoría de las personas que han visto las imágenes. Sin embargo, el Gobierno español sigue defendiendo la suya, al menos, de momento.

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