El Gobierno estudia una cláusula de desbloqueo del Constitucional vía enmienda

Madrid

La reforma del delito de sedición fue el argumento del Partido Popular para hacer saltar por los aires el acuerdo sobre el Poder Judicial y su tramitación puede ser el canal que utilice el Gobierno para propiciar la renovación del Tribunal Constitucional. Por mucho que las negociaciones terminaran chocando, los contenidos no tienen nada que ver, pero la naturaleza de ley orgánica del Código Penal que se está reformando en el Congreso da margen al Ejecutivo para intervenir en otras normas del mismo rango a través de enmiendas. Y en ésas están.

Este viernes termina el plazo para registrar enmiendas y, según las citadas fuentes, están ultimando una propuesta que les permita mover el tablero. La Moncloa mantiene un absoluto hermetismo sobre sus planes pero fuentes del Gobierno y del PSOE apuntan a la activación de una suerte de cláusula de desbloqueo que permita que, si el sector conservador de la cúpula judicial no elige a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, puedan renovarse los dos puestos que nombra el Gobierno, que ya optó la semana pasada por el ex ministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez.

La Constitución establece que la renovación del Alto Tribunal se hace por tercios, en este caso, dos de ellos elegidos por el Ejecutivo y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que desde el 13 de septiembre pasado lleva incumpliendo la obligación legal de nombrar a los suyos. A través de esta reforma legal, el Ejecutivo neutralizaría los efectos de ese bloqueo del CGPJ debido a la estrategia coordinada del sector conservador.

En el Gobierno hay absoluta indignación con la situación del Poder Judicial. "Lo del PP es un escándalo", asegura un ministro. Distintas fuentes del Ejecutivo coinciden en que Pedro Sánchez está determinado a acabar con esta situación después de cuatro años de bloqueo del CGPJ, cuyos vocales responden a una representación en el Congreso que ya no existe. Ante esta situación, fuentes del Ejecutivo sostienen que barajan incluso retomar la rebaja de las mayorías para nombrar a los vocales. Ahora es de tres quintos, pero PSOE y Unidas Podemos llevaron al Congreso una iniciativa para dejarla en mayoría absoluta que terminaron por meter en el congelador. "Nada está descartado", aseguran fuentes socialistas.