El Tribunal Constitucional no garantiza la aprobación de los magistrados propuestos por el Gobierno

Madrid

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, ha decidido que convocará de urgencia un pleno gubernativo para pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos magistrados propuestos para este órgano, según confirman a la SER desde su entorno, sea cual sea el resultado del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que el 22 de diciembre debe decidir si persiste o no en el bloqueo al nombramiento de los dos magistrados que le corresponden al órgano de Gobierno de los jueces.

Por tanto, aunque el sector conservador del Poder Judicial impida elevar su propuesta al Constitucional, el Tribunal de Garantías celebrará igualmente el pleno para valorar la idoneidad de los otros dos magistrados, Juan Carlos Campo y Laura Díez, que han sido escogidos por el Ejecutivo.

El voto de Trevijano puede ser clave

Las mismas fuentes no garantizan que el pleno dé el plácet para su nombramiento efectivo. Se da la circunstancia de que los cinco magistrados progresistas del Constitucional han anunciado que votarán a favor, con lo que contando con el voto en contra de los cinco conservadores, decidiría el voto del presidente Trevijano, que puede tener por tanto en su mano la aprobación o no de la idoneidad de Campo y Díez.

El presidente del Constitucional es partidario, y así lo ha reconocido abiertamente en pleno, de que la designación de los magistrados para el Tribunal de Garantías se realice por tercios, tal y como establece el artículo 159.3 de la Constitución. El tercio que ahora debe ser renovado es el que corresponde a los dos magistrados del Poder Judicial y a los otros dos del Gobierno de forma conjunta. De ahí que rechace nombrar solo a los dos que propone el Ejecutivo.

Doctrina del Constitucional avala el nombramiento del Ejecutivo

Sin embargo, otras fuentes del Constitucional recalcan que la norma fue escrita pensando en que una institución como el Poder Judicial, “no bloquearía el normal y democrático funcionamiento de este tribunal, incumpliendo una de sus funciones” constitucionales.

De hecho, doctrina del propio Tribunal Constitucional avala que el Gobierno escoja a sus magistrados para esta institución sin esperar al Poder Judicial. En concreto, el Tribunal de Garantías estableció en su sentencia 191/2016 que los órganos facultados para elegir a sus magistrados no solo tienen el “poder” sino el “deber” de escoger a sus candidatos para renovar al tribunal, si otra de las instituciones concernidas, en este caso el CGPJ, no puede designar a los de su competencia.

Esta sentencia fue aprobada por la ya entonces mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, que ahora se niega a contemplarla. Desde el sector conservador explican que esa sentencia se pronunciaba sobre una ley orgánica, de rango menor que un artículo de la Constitución, por lo que a su juicio no sería trasladable el fallo.