Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden al país desde septiembre
Mohsen Shekari fue condenado por "guerra contra dios" tras herir a un miliciano, bloquear una calle y crear terror en Teherán
Protestas en las calles de Teherán por la muerte de Mahsa Amini ante un edificio con la imagen del líder supremo de Irán, Ali Jameneí / Anadolu Agency
Teherán
Las autoridades iraníes han anunciado este jueves la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde mediados de septiembre.
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Mohsen Shekari ha sido ejecutado a primera hora de esta mañana después de que fuese condenado a muerte el 29 de noviembre por herir a un basiji (miliciano islámico) con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán, según ha informado la agencia 'Mizan', del Poder Judicial.
Todos esos delitos acarrearon la condena de "guerra contra dios", que se llega a castigar con la pena de muerte, como ha sido este caso. 'Mizan' ha indicado que el ejecutado confesó durante el juicio que había recibido "pagos" por atacar a agentes de la ley y que por ello acuchilló al miliciano, quien necesitó 13 puntos de sutura tras el ataque.
Shekari es el primer manifestante ejecutado por su participación en las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre, tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo islámico. Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Las autoridades judiciales han condenado a muerte a 11 personas hasta ahora por su participación en las movilizaciones y a un número indeterminado a penas de prisión. Amnistía Internacional ha denunciado que al menos 28 de los 2.000 acusados por las protestas se enfrentan a penas de muerte. En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
