El Código Penal incluirá hasta tres años de cárcel para cargos públicos que no justifiquen un enriquecimiento de más de 250.000 euros

Madrid

PSOE y Unidas Podemos van a registrar este viernes una enmienda en la reforma del Código Penal, que se tramita en el Congreso, para crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito que prevé hasta tres años de cárcel para cargos públicos que no puedan justificar un enriquecimiento superior a 250.000 euros tras el requerimiento de un órgano oficial. Con este nuevo punto del articulado, el 438 bis, el Gobierno pretende reforzar la lucha contra la corrupción política en paralelo a la reforma de la malversación, que se incorporará a través de una enmienda de ERC.

"Introducimos por primera vez el delito de enriquecimiento ilícito. Es un paso lógico en el camino de la transparencia y la rendición de cuentas. No puede ser que conozcamos casos de corrupción y que no pase nada", ha explicado esta mañana en el Congreso el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. El PSOE asegura que no apoyará ninguna propuesta que beneficie a los condenados o procesados por corrupción y que todo uso indebido de fondos públicos tiene que estar sancionado, ha explicado López.

Cuando Pedro Sánchez dejó la puerta abierta hace semanas a la revisión del delito de malversación hubo muchas voces del PSOE y también algunos socios parlamentarios que alertaron del riesgo de que esta modificación se convirtiera en un coladero para corruptos. Muchos socialistas expresaron en privado su incomodidad con un asunto que consideraban muy difícil de explicar, a pocos meses de las elecciones municipales y autonómica. Este frente es la que pretende taponar el Gobierno con la creación del nuevo delito, que ya existe en otros países europeos, y con el que intentará combatir el mensaje de que, para beneficiar a los dirigentes independentistas, se debilita el régimen penal contra los corruptos.

La Cadena SER ha tenido acceso al texto de esa enmienda que presentarán juntos PSOE y Unidas Podemos por la que se introduce un nuevo artículo 438 bis que establece que, por un periodo de hasta cinco años después del desempeño del cargo, la autoridad “que haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados” será “castigado con penas de prisión de seis a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio e inhabilitación especial para empleo o cargo públicos y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de entre dos a siete años” en el caso de que se negara “abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación”.

Esta enmienda se va a incorporar al nuevo texto de Código Penal planteado inicialmente para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados pero que también va a retocar el delito de malversación, en ambos casos con beneficios para cargos independentistas implicados en el procés. Se va a hacer a partir de otra enmienda que registrará ERC y que será debatida esta semana en el Congreso. De todos modos, fuentes del Gobierno admiten su disposición a crear un tipo atenuado, con penas más bajas, para los casos de uso indebido de fondos públicos que quede claramente diferenciado de los casos de malversación con ánimo de lucro personal o a terceros. Aseguran fuentes del Ejecutivo que esto excluye de la rebaja de las penas a los condenados por responsabilidad in vigilando, como es el caso de José Antonio Griñán.

Reforma del Poder Judicial

El Gobierno prepara un cambio legislativo para desbloquear la renovación del Constitucional. El Ejecutivo reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda a la proposición de ley que modifica el delito de sedición. "Ante un PP antisistema, queremos garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional", ha explicado el socialista Patxi López.

"Que Feijóo nos dijera que no cumple la Constitución es inaceptable", ha dicho López, convencido de que con sus enmiendas quieren "garantizar por ley el cumplimiento constitucional".

"Cada vocal podrá presentar un candidato como máximo y en votación saldrá el que tenga más votos. Se suprime el trámite de verificación previa porque no tiene ningún sentido", ha explicado el portavoz socialista.