PSOE y Podemos aclaran la reforma de la malversación: crean un nuevo tipo con una pena menor, pero no hay despenalización
La modificación en el Código Penal castigará con hasta cuatro años de prisión los desvíos de dinero público que se hagan dentro de la administración, lo que no coincide con las demandas de ERC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajado, Yolanda Díaz. / Europa Press News
Madrid
PSOE y Unidas Podemos presentarán el lunes las líneas generales de la propuesta de reforma del delito de malversación en el Código Penal. La reforma introducirá un nuevo tipo de malversación que castigará con un máximo de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para cargos públicos los desvío irregulares de fondos públicos dentro de la propia administración. La modificación pena rebaja en dos años la pena que lleva aparejada esta conducta delictiva en el actual Código Penal.
Más información
Así, la reforma penal no despenalizará ningún tipo de conducta malversadora, supondrá únicamente que las penas de cárcel sean menores cuando el desvío ilegal de dinero público tenga como destino la propia administración pública. Además, el cambio normativo acarrearía ningún tipo de beneficio a los procesados o condenados por corrupción política.
Por otro lado, el cambio en la legislación permitirá penar actuaciones que actualmente no están castigadas. Es el caso de aquellos que reporten un aumento en su patrimonio de más de 250.000 euros durante el desempeño de su cargo público, que no puedan justificar el origen del incremento patrimonial, y que ahora serán castigados con hasta tres años de cárcel.
Además, el cambio normativo acarrearía ningún tipo de beneficio a los procesados o condenados por corrupción política.
El Gobierno de coalición, por tanto, quiere trasladar la idea de que en ningún caso quedarán impunes comportamientos que supongan el desvío de fondos públicos, sino que se introducen en el Código Penal nuevos tipos, supuestos y grados, en línea con la legislación del resto de países europeos.
Con ello, el texto final no se corresponde con la enmienda original presentada por ERC que despenalizaba el desvío presupuestario irregular dentro de la propia administración.
