Jueces para la Democracia exige "responsabilidad" a los vocales conservadores "caducados" y pide "respeto a las decisiones del Parlamento

Madrid

Jueces para la Democracia, la tercera asociación judicial por número de afiliados, ha hecho público un comunicado en el que "exige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial responsabilidad para evitar que su mandato caducado crispe más la actualidad" y también reclama que se respeten “las decisiones del Parlamento para tratar de superar el boicot al que un grupo de vocales -en referencia a los ocho elegidos por el PP- someten la renovación del Tribunal Constitucional”.

La portavoz Ascensión Martín sostiene que “ni hay un golpe de Estado por reformar una ley” ni “ruido de togas porque el Tribunal Constitucional resuelva un recurso”. Lo que hay, añade, es una decisión cuya única razón es la posición de “franca desobediencia a la ley” que un grupo de vocales del CGPJ mantiene al no designar dos plazas al Tribunal Constitucional. En este sentido, llama a la "responsabilidad" de estos vocales conservadores “para evitar que su mandato caducado y el incumplimiento de su obligación legal de renovar parte del Tribunal Constitucional, siga contribuyendo a crispar la actualidad”.

La reforma no es un golpe de Estado, según Ascensión Martín, porque “simplemente soluciona el bloqueo” y concluye que el cambio legal permite “llegar a la misma decisión, que es designar dos personas, de sensibilidad conservadora y progresista, que representen a la sociedad”.

El problema fundamental, en opinión de la magistrada, “es que el Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años en funciones, y un grupo de vocales se niega a cumplir la exigencia legal de que designen dos magistraturas en el Tribunal Constitucional”, lo que ha desencadenado la reforma legal. El gobierno “ha designado los que le correspondían”, afirma. Sin embargo, “un grupo de vocales se niega”, dice la portavoz de la asociación progresista, lo que se ha tratado de solucionar con “una reforma legal que pretende defender el Estado de Derecho”, pues entiende que “la renovación del Tribunal Constitucional constituye una prioridad para los demócratas, frente a quienes han sucumbido a las presiones partidistas para que no tenga lugar”