El juez Pedraz archiva los sobornos de empresarios de la caja b del PP
El titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional concluye que no hay pruebas para acreditar que los pagos de empresarios por 7.5 millones que figuran en la caja b del Partido Popular, tuvieron lugar a cambio de obra pública, y archiva provisionalmente la investigación. El mismo juzgado que ahora archiva esta causa, procesó a los empresarios del 3% catalán, a pesar de que tampoco pudo acreditar la correspondencia entre donaciones y adjudicaciones
Madrid
En cinco folios, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha resuelto cinco años de investigaciones y ha acordado este lunes el archivo provisional de la denominada pieza de los cohechos de la caja b del PP.
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Como el teniente fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, que ha sido determinante para esta decisión, concluye que no ha quedado acreditado que los empresarios donantes a la caja negra del partido, abonaran sus mordidas a cambio de obra pública. No hay pruebas, tal y como establece en su informe la Intervención General del Estado, de que los acreditados pagos de empresarios por siete millones y medio de euros que figuran en la contabilidad b, fueran algo ilícito, sino una suerte de donación altruista.
El juez argumenta que procede archivar el procedimiento porque no ha sido posible probar los hechos después de tomar declaración a los investigados y testigos, acceder a la documentación de las sociedades y empresas públicas, y sobre todo al informe entregado el pasado 4 de noviembre por la Intervención General del Estado (IGAE), que concluyó la inexistencia de “incumplimientos de la normativa aplicable”· en los expedientes de adjudicación y contratación, y que resultaba “imposible” establecer una “relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados”.
Lo que sirvió para el 3% no vale para la caja b del PP
Se da la circunstancia que el mismo juzgado número 5 de la Audiencia Nacional hace solo dos años decidió procesar a una veintena de empresarios en la causa del 3% sobre la financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya, a pesar de que tampoco existían pruebas sobre la mayoría de las donaciones finalistas a cambio de contratos.
El titular del juzgado entonces era el predecesor de Pedraz, el magistrado José de la Mata, quien en su auto de procesamiento concluyó que “no siempre existía una concatenación temporal” entre los pagos y las 31 adjudicaciones analizadas, porque las mordidas “no estaban necesariamente vinculadas a adjudicaciones sino a mantener una buena relación” con el partido y a “situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones”.
El juez José de la Mata pretendía seguir esta línea también en el caso de la caja b del PP, pero en noviembre de 2020, antes de que pudiera concluir el auto de procesamiento, cambió la Audiencia Nacional por su nuevo puesto como representante de España en Eurojust. Su sucesor, Santiago Pedraz, ha abandonado esta línea de acción y ha archivado el procedimiento.
Rosario Casas, la grafóloga de los papeles de Bárcenas