El Tribunal Constitucional ha decidido, con seis votos a favor y cinco en contra, tras doce horas de reunión, estimar la medida cautelarísima propuesta por el PP, por lo que queda paralizada la votación prevista para este jueves en el Senado, que modificaba la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial. Para lograr la estimación por una ajustada mayoría del recurso de amparo presentado por el PP ha resultado clave el voto favorable de los dos jueces conservadores que finalmente no fueron recusados, el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez. Los dos jueces del TC han defendido que han votado en contra de su propia recusación porque no se consideran «parciales» en la decisión, pero sí objetivos. García-Trevijano y Narváez han asegurado, sin embargo, que su voto no responde a intereses directos o particulares que pudieran derivarse de su recusación. Queda así paralizada, tras la votación, la propuesta de reforma en la ley orgánica del Constitucional que iba a ser llevada el jueves a la Cámara baja y que permitiría la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno. La entrada de dos magistrados progresistas escogidos por los partidos de la coalición supondría el fin de la mayoría conservadora en el tribunal de garantías. Asimismo, si se llegase a aprobar la reforma se aceleraría la elección de los dos jueces que le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, el Ejecutivo deberá buscar una fórmula distinta para poder renovar los miembros del TC a través del cauce legislativo. La presidenta del Congreso ha adelantado que el órgano acatara la decisión del Tribunal Constitucional, a la vez que ha revelado que, a la mayor brevedad, presentarán ante el Tribunal «nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones del poder legislativo». La Mesa del Senado se reunirá este martes a las 08.30 horas para decidir si continúa con la tramitación del resto de la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición e introduce cambios en el de malversación. El texto final no incluirá, por tanto, las enmiendas que ha paralizado este lunes el Tribunal Constitucional, tras la presentación de un recurso de amparo por el PP. Así, la decisión de si continúa la tramitación en la Cámara Alta del resto de la proposición de ley que reforma el Código Penal recae ahora una Mesa en la que el Grupo Socialista y el Grupo Popular tienen tres miembros respectivamente, mientras que el PNV tiene uno. La reunión de la Mesa se tiene que producir antes de la celebración de la Comisión de Justicia. La hora en la que se producirá estará condicionada por la comunicación al Senado por parte del Tribunal Constitucional de la resolución adoptada. Será el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, el que tenga que entregar personalmente a la Cámara Alta la decisión adoptada por los magistrados, y se hará previsiblemente durante la noche. Si la Mesa del Senado decide continuar con el resto de la proposición de ley, eliminando las enmiendas paralizadas por el TC sobre su propia renovación, la Comisión de Justicia podrá dar luz verde a esta norma para que vaya al Pleno del jueves 22 de diciembre. El Partido Popular (PP) guarda oficialmente silencio ante la noticia de la estimación de su recurso. Fuentes populares consultadas por la SER, se muestran satisfechos ya que consideran que el TC no tenía otra opción ante un recurso de amparo «bien armado» y «asistido por la ley». Defienden, además, que el Constitucional «ha hecho lo que tenía que hacer» y que, ahora, los socios del Gobierno deben «acatar y acatar». Miembros del PP insisten en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe plantearse seriamente un adelanto electoral. El líder de Más País (MP), Íñigo Errejón, ha anunciado que su formación ya ha registrado una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La reforma de Más País trata de presentar en el Congreso el contenido de las enmiendas ahora paralizadas por el Constitucional como un texto independiente para así sortear la decisión tomada este lunes por los jueces del TC. El Tribunal Constitucional ha rechazado este lunes, tras más de ocho horas de reunión, las recusaciones de PSOE y Unidas Podemos contra el presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Asimismo, el pleno ha acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La admisión a trámite y el rechazo de las recusaciones contra el presidente del TC, Pedro González-Trveijano, y el magistrado Antonio Narváez se han adoptado por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista). Esta es la segunda votación que se produce en el Pleno extraordinario convocado para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por el PP, que pidió medidas cautelarísimas para paralizar el trámite de la reforma que cambia las reglas de elección de los magistrados que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Constitucional. La primera de ellas se produjo por la mañana y supuso que el Pleno del TC asume la competencia para decidir sobre el recurso del PP contra la reforma del Gobierno. En esa votación se acordó la avocación a pleno por siete votos frente a cuatro por el apoyo del vicepresidente del TC, el progresista Juan Antonio Xiol, que había llegado a un acuerdo con García Trevijano. Además, el Pleno admitió a trámite el recurso del PP gracias a los votos de los seis magistrados conservadores, frente a los cinco progresistas, por lo que ahora sólo le quedaría por decidir si se adopta la cautelarísima solicitada por el PP para paralizar la tramitación de la reforma cuya votación está prevista para el próximo jueves en el Senado. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha censurado este lunes que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez hayan votado para rechazar su propia recusación en el órgano de garantías y ha asegurado que esta decisión es un «abuso lacerante de las instituciones democráticas». «Trevijano y Narváez, los dos magistrados del TC cuyo mandato está caducado, han votado a favor de rechazar su propia recusación», ha recordado la número 4 del PSOE en un mensaje publicado en la red social Twitter. En opinión de la diputada del PSOE, «es tremendo que este abuso lacerante de las instituciones democráticas no tenga ninguna consecuencia». Por su parte, Podemos ha calificado de «muy mala señal» la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del PP para paralizar la reforma que se tramita en las Cortes Generales para desbloquear su renovación, dado que «todo indica que el ala derecha» del organismo tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria. Desde Podemos han recalcado que si finalmente un TC «constitucionalmente caducado» se atreve «por primera vez en 40 años» de democracia se atreve a intervenir en el «proceso de producción de leyes del legislativo, se »estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias. El Partido Popular considera una «buena noticia» la decisión del Tribunal Constitucional admitiendo el recurso de su partido y rechazando apartar a dos magistrados, aunque sigan «aguardando el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión». A su entender, con este paso el tribunal de garantías «no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno», han señalado fuentes «populares». Añaden también que siguen «aguardando el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión», pero han señalado que «la decisión que ha trascendido es sin duda una buena noticia» para la democracia española, «para la garantía de los derechos de los representantes de los ciudadanos» y para España. «El TC no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha admitido a trámite la demanda del PP, lo cual demuestra que la interposición del recurso era una decisión correcta y que en su deriva autoritaria el Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas», han concluido. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado a primera hora de este lunes ante el Tribunal Constitucional un escrito de solicitud de presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que, entre otras cuestiones, establezca si los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez deben abstenerse de modo automático, y si, de incumplirlo, se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones. «Resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido», explica el texto. Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea con este escrito está también conocer si el «incumplimiento» del mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados «sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones», teniendo presente que el derecho reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según consolidada jurisprudencia del propio TJUE, «no es un derecho limitable salvo las excepciones previstas en el artículo 52 de la propia Carta». Todos los consultados coincidían la semana pasada en la situación inédita que se vivió en el Congreso. El ambiente estaba «enrarecido» como llegó a decir el representante de Más País, Íñigo Errejón. Cuando comenzó el pleno del Congreso el pasado jueves, todas las miradas estaban puestas en el pleno del Tribunal Constitucional, que podía llegar a prohibir la votación en la Cámara baja gracias al recurso del PP la tarde anterior que fue admitida en cuestión de horas, algo nada habitual. El PP pedía «medidas cautelarísimas» para que la votación de la reformar exprés del Código Penal en el Congreso no se llevara a cabo. En su escrito, sostenía que supone un «evidente fraude de ley» la tramitación de estos asuntos como proposición de ley y no como proyecto de ley, argumentando que así se trata de «evitar la literalidad» del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no se recaban los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado. Finalmente el Congreso aprobó, en un pleno tenso y muy bronco, con 184 síes, 64 noes y una abstención, sin los votos del PP ni Ciudadanos, la reforma exprés del Código Penal que recoge, entre otros asuntos, la modificación del delito de sedición, del de malversación y una enmienda que busca cambiar las mayorías necesarias para escoger a los magistrados del propio Constitucional. Justo antes de la votación, desde la bancada de Vox un diputado ha intentado paralizar otra vez y a última hora el Pleno, pero Batet ha vuelto a negarse: «El Congreso de los Diputados no ha recibido una comunicación del órgano que tendría que hacerlo, el Tribunal Constitucional». Será este lunes cuando se conozca la decisión del alto tribunal.