La decisión del Tribunal Constitucional traslada la presión al sector progresista del Consejo del Poder Judicial

Los magistrados conservadores promovidos por el PP al Tribunal Constitucional han reforzado la posición de los vocales elegidos a propuesta de los populares de cara al pleno extraordinario que el Poder Judicial celebrará este martes. Pleno convocado por ocho conservadores que han bloqueado la renovación del tribunal de garantías durante los últimos cinco meses y que ahora fuerzan una votación para sus dos candidatos.

La propuesta pasa porque César Tolosa, por el lado conservador, y Pablo Lucas, por el progresista, sumen 11 votos y para eso necesitan el más que complicado apoyo de un tránsfuga del grupo progresista, que ya eligió a su candidato: José Manuel Bandrés, al que quieren someter a votación en este pleno.

Los conservadores no quieren a Bandrés porque lo que está en juego, dicen, no es la actualización del tribunal de garantías, sino quien es el futuro presidente en sustitución de Pedro González Trevijano. Bandrés, sostiene, es un voto seguro y decisivo para llevar a Conde Pumpido a la presidencia, frente a su candidata que es la también progresista, María Luisa Balaguer. Confían en que Lucas, de ser el elegido, apoye su nominación y decante la balanza a favor de esta catedrática de Derecho Constitucional.

Recusar a Clara Martínez

La estrategia de la derecha judicial y política pasa por elegir la presidencia del nuevo Tribunal Constitucional. Esteban González Pons ya dijo hace unos días, sin citar su nombre, que Clara Martínez de Careaga debería abstenerse de la votación de los candidatos por ser la mujer de Conde Pumpido. En caso de no hacerlo, vocales conservadores consultados por esta emisora sostienen que ellos no pueden recusarla, pero que Pablo Lucas podría hacerlo por tener "interés drecto". Si lo hiciera no tienen dudas de que la recusación saldría adelante, lo que allanaría mucho el camino para que pudiera conseguir el pasaporte al tribunal de garantías.

Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, denunció este lunes el "deterioro de nuestras instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial". Díaz reaccionó así a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma de sus criterios de renovación, que en su opinión significa que "por primera vez en nuestra historia democrática los representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa".

"Este grave hecho es el resultado de un proceso de deterioro de nuestras instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución", continuó, para terminar con un llamamiento a la esperanza: "La democracia prevalecerá. Este Gobierno seguirá trabajando del lado de la democracia, del Estado de derecho y de las instituciones. Lo vamos a hacer con diálogo, con serenidad y con política constructiva".

Por su parte, Podemos y otros socios del Gobierno han calificado de "golpe sin precedentes a la democracia" la decisión del Constitucional. "La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia, toca demostrar que los demócratas somos más", ha subrayado la líder de Podemos, Ione Belarra, a través de las redes sociales.

El portavoz de los comunes, Jaume Asens, que forma parte de Unidas Podemos, se ha referido también a esta resolución como un "golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría o en Polonia".

ERC, por boca de su portavoz Gabriel Rufián, ha señalado que la corte de garantías ha decidido paralizar un pleno del Senado que no le gusta, "dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobresueldos del PP como propina".

Mientras, desde Más País, Íñigo Errejón ha lamentado que se haya consumado "el atropello democrático" y ha anunciado que han acabado de registrar una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar los retrasos en la renovación de los magistrados.