El Tribunal Constitucional ha estimado las medidas cautelares planteadas por el PP a través de su recurso de amparo y paraliza de forma inmediata el trámite de las reformas legales que iba a votar el Senado sobre su propia renovación. Se trata de un terremoto institucional entre poderes del Estado sin precedentes. Queda así paralizada, tras la votación, la propuesta de reforma en la ley orgánica del Constitucional que iba a ser llevada el jueves a la Cámara baja y que permitiría la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno. La entrada de dos magistrados progresistas escogidos por los partidos de la coalición supondría el fin de la mayoría conservadora en el tribunal de garantías. Todo esto se produce después de un día intensísimo de debate en el seno del tribunal de garantías, donde primero se han rechazado las recusaciones de PSOE y UP contra dos de los magistrados conservadores con el mandato caducado y después se ha producido el debate sobre el fondo del asunto y la aceptación de la cautelarísima. -Pablo Iglesias: «Cuando se produce un desafío como este hay que responder con altura de Estado y altura de Estado, significa aplicar la dirección de Estado. Hace tres años habría que haber barrido al PP del CGPJ. Pues aquí tienen ustedes a la derecha gruesa» -Carmen Calvo: «Me temo que el tribunal se ha metido en un problemón jurídico de máximo nivel, cuando además ni siquiera tendrían que haber debatido la recusación» -Pablo Iglesias: «Esta noche ha podido comenzar el fin del estado de derecho en España. A mi entender la pelota ahora está en el poder democrático por excelencia, ahora es la mayoría del Congreso la que tiene que recuperar la normalidad institucional» -Carmen Calvo: «El TC se ha saltado el reglamento del Congreso porque de repente las enmiendas ya no existen, ¿qué le está diciendo al Senado si las enmiendas ya no existen?» -García-Margallo: «No se puede presentar vía enmienda algo que no tiene nada que ver con la ley madre. Ahora va de forma independiente. A mi juicio debería ser proyecto de ley, debe ser el Gobierno quien lo mande»