El sector conservador no consigue nombrar a sus candidatos al Tribunal Constitucional

Madrid

El pleno extraordinario del Poder Judicial ha terminado como se esperaba y los dos candidatos de los conservadores no han reunido los 11 votos necesarios y se han quedado en 10. Los progresistas han sometido a votación a su candidato, que solo ha obtenido siete apoyos.

Los vocales elegidos a propuesta del PP que llevan cinco meses bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional han puesto toda la carne en el asador para conseguirlo y han querido recusar a Clara Martínez de Careaga, vocal progresista y mujer de Cándido Conde Pumpido. En este punto no ha habido unidad de grupo y tres de los ocho juristas no han secundado la petición y finalmente no se ha votado.

El Constitucional impidió este lunes que el Senado debatiera y votara el texto que obliga a renovar a los magistrados con el mandato caducado, paralizando así la tramitación parlamentaria de la reforma judicial. Esta decisión ha abierto una crisis institucional y desde el PSOE instan al PP para que desbloquee la renovación del CGPJ.

A partir de ahora, el Constitucional tendrá que decidir si da libre a la convocatoria de un Pleno para dar su plácet solo a los dos magistrados designados por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.

El CGPJ ha celebrado este martes un pleno extraordinario cuya convocatoria fue forzada por los vocales conservadores, en una maniobra para evitar que los progresistas pudieran sacar adelante su candidato, José Manuel Bandrés, una vez aprobada la reforma de la ley que fue ayer paralizada por el Tribunal Constitucional. La convocatoria del Pleno por el presidente suplente del CGPJ, Rafael Mozo, responde a la solicitud de los vocales Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona y Wenceslao Olea.

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Si entra en vigor la reforma, se requerirá solo mayoría simple

De entrar en vigor esa reforma, la elección de los candidatos que debe proponer el Consejo solo requeriría mayoría simple y no cualificada (de tres quintos) para su designación, lo que significaría que no haría falta acuerdo entre los dos bloques para sacar adelante los nombramientos y que el candidato propuesto por los progresistas tendría un puesto garantizado. El mandato de los cuatro miembros del Tribunal que está pendiente de renovación, incluido su presidente, concluyó en el mes de junio y el plazo establecido para sustituirlos terminó en septiembre pasado.

Durante el tiempo transcurrido desde entonces, los conservadores han bloqueado los nombramientos para impedir que el Gobierno designe a sus candidatos. Además, una vez que el sector progresista puso sobre la mesa a su aspirante, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, todo su empeño se concentró en bloquear su llegada al Constitucional porque le consideran un hombre muy cercano al Gobierno. En suma, se trata de impedir que la renovación del TC cambie la actual mayoría favorable a los conservadores.

Hasta ahora la maniobra dilatoria les ha funcionado, pero las alarmas se dispararon la pasada semana cuando el PSOE, que sustentan al Gobierno, impulsó una reforma legislativa que cambiaba las reglas de elección de los candidatos al TC, de manera que los aspirantes puedan ser designados por mayoría simple. Viendo en peligro su estrategia, forzaron la celebración de este pleno extraordinario y presentaron una candidatura con dos nombres, el conservador César Tolosa y el progresista Pablo Lucas, que es más de su agrado, de manera que Bandrés quedaría fuera.

PSOE presentará una proposición de ley

Desde el PSOE, han anunciado que presentarán una proposición de ley con la reforma que ha tumbado el Tribunal Constitucional para avanzar en su renovación. Sin embargo, los socialistas descartan impulsar una rebaja de las mayorías para renovar el CGPJ como pedían Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una llamada a la serenidad en su valoración de la decisión adoptada por el Pleno. "Comprendo la preocupación de la ciudadanía que ve un choque inédito. Quiero trasladar un mensaje de serenidad. Tenemos mecanismos para superarlo", ha afirmado, en una declaración institucional.

Asimismo, desde el Gobierno siguen culpando al PP y la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que "el Gobierno no va a pasar ni un solo día sin denunciar el bloqueo del CGPJ". "Estamos legitimados para decir que Feijóo ha secuestrado el CGPJ y a las instituciones democráticas".