El Senado seguirá adelante con la reforma del delito de sedición y malversación: solo excluirá la parte de la renovación del Constitucional de la reforma del Gobierno

La Mesa del Senado ha estudiado la aplicación del auto del Constitucional que ha suspendido la tramitación parlamentaria de la reforma del proceso para renovar a los magistrados del tribunal, incluida en la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación. La Mesa, encabezada por su presidente, Ander Gil, se ha reunido desde las 8:30 horas. Tras poco más de una hora de debate, el Senado ha decidido personarse en el procedimiento y seguir adelante con el resto de la reforma legislativa que plantea el Gobierno, incluidos la reforma de los delitos de sedición y malversación, y apartar únicamente lo que incumbe a la renovación del Constitucional. El Congreso y el Senado recibieron anoche un escrito firmado por el presidente del Constitucional, Pedro José González-Trevijano, en el que se le comunicaba la parte dispositiva del auto acordado tras el recurso de amparo presentado por el PP, que pidió como medida cautelarísima frenar los cambios en Las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional. Esa reforma ya fue aprobada por el Congreso y estaba previsto que esta semana recibiera la luz verde del Senado, primero en una Comisión de Justicia y después en un pleno el jueves. Se dictará un dictamen sobre la polémica modificación del Código Penal que debe excluir las disposiciones que afectan a las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que motivaron el recurso de amparo del PP. A partir de ese dictamen, la comisión debatirá los 5 vetos y las enmiendas presentadas a la proposición de ley que aprobó el Congreso. Tras la decisión sin precedentes del tribunal de garantías, adoptada con respaldo de los seis magistrados del sector conservador frente a los cinco del progresista, esas dos reformas no se tramitarán y los senadores solo podrán debatir y votar la del Código Penal para convertir la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos y rebajar las penas por el delito de malversación. Los presidentes del Congreso y del Senado mostraron anoche su preocupación por la decisión del Constitucional de intervenir en el poder legislativo y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consideró que era de «una gravedad máxima» al afectar a los fundamentos de la separación de poderes. La Mesa del Congreso, en la que el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, ha decidido personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo del PP contra la tramitación de las enmiendas de la ley de sedición destinadas a la renovación de este órgano y lo ha hecho con el aval de los servicios jurídicos y pese a la oposición del PP y Vox. Según han explicado fuentes parlamentarias, los «populares» y los de Santiago Abascal han mostrado su rechazo a la personación de la Cámara que ya anticipó a última hora de lunes la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien defendió la actuación del Congreso y mostró su deseo de que la Cámara sea «oída» cuanto antes en el TC. Además, el propio TC, en la resolución emitida este lunes, emplazaba al Congreso a comparecer en el procedimiento en calidad de demandado y le daba un plazo de diez días para hacerlo. Recibida la notificación del tribunal de garantías, y tras al debate suscitado en el seno del órgano de gobierno, la Mesa de la Cámara ha optado, con el aval de los servicios jurídicos de la institución, por tomar parte en el procedimiento para poder defender la autonomía del Congreso y su función legislativa.

El Senado seguirá adelante con la reforma del delito de sedición y malversación: solo excluirá la parte de la renovación del Constitucional de la reforma del Gobierno

La Cámara Alta ha decidido además personarse en el procedimiento

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