La Ley del Cine se presentará el martes en el Consejo de Ministros

El último Consejo de Ministros del año, el que se celebrará el próximo martes, aprobará una nueva Ley del Cine, tal y como ha confirmado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, a la Cadena SER. Una norma muy esperada en el sector, tras la decepción de la Ley Audiovisual. «Nos comprometimos antes de acabar el año y hemos dado la murga hasta que realmente el 27 de diciembre vamos a aprobar la Ley del Cine». Una norma que sí depende de su ministerio y que corregirá el polémico artículo de la Ley Audiovisual -impulsada por Economía- sobre la definición de productor independiente, que englobaba tanto a grupos como Atresmedia o Mediaset, a una plataforma como Netflix o a la productora de un filme como Alcarràs. «En esta ley, los productores independientes, que son los que se quejaban de alguna manera de la ley audiovisual, van a encontrar que la definición de productor que vamos a utilizar para las ayudas al cine es muy favorable a su planteamiento». Es el Artículo 110 de la Ley Audiovisual el que define en dos párrafos al productor independiente. El texo dice que será aquella persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de un prestador del servicio de comunicación audiovisual. “Se está haciendo trampa”, decía por aquel entonces Antonio Hergueta, de Federación MAPA. “No se puede equiparar por ley a los grandes grupos mediáticos, que cuentan con capital extranjero en muchos casos, con las empresas del cine que pueden ser pequeñas o medianas y que sacan adelante los largometrajes y documentales”. Grupos de productores como AECINE, DIBOOS, PROA y PROFILM insistían en este argumento: “No estamos en contra de la producción de los grandes grupos, cualquier modo de generar industria y riqueza es positivo, pero el objetivo de esta ley y de la normativa europea siempre ha sido proteger el producto nacional y Europe frente a la avalancha de los grandes grupos y la homogeneización de estos grupos, porque al final la decisión de qué se produce la toman fuera”. Iceta asegura que no se trata de que una ley prevalezca sobre otra. «No, es que son cosas distintas. Hemos intentado explicar por qué tenemos dos leyes. La Ley Audiovisual lo que plantea son las obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y la Ley del Cine lo que va a regular son los criterios de las políticas públicas de fomento a la cinematografía y por lo tanto la definición es distinta», añade el ministro. «En el 2020 estaban en 9 millones de euros y ahora están en 18 millones. Hemos doblado la cantidad. Y creo que eso está dando resultados y más dará en el futuro». Este texto adapta la ley a los grandes cambios que ha experimentado la industria del cine y del audiovisual en España y en todo el mundo, adaptándose a los nuevos tiempos y maneras de consumo de las películas y las series. Tras meses trabajando en el borrador, el gobierno al fin tiene lista esta norma que podría equipar las películas y las series. El borrador de la ley, presentado en febrero, abría esta posibilidad, concretamente, tal y como contó la SER, en el Artículo 22. Su título es «Ayudas para la producción de largometrajes y de otras obras audiovisuales sobre proyecto», y establecía que «se podrán conceder ayudas a empresas productoras para la financiación del coste de la producción de proyectos de largometraje y de otras obras audiovisuales». También se incorporarán las ayudas a la distribución indepediente, a la exhibición -siempre y cuando las salas de cine sean accesibles a las personas con discpacidad- y también a la creación. Ayudas que el gobierno ya estaba dando. Por último, se prevé la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, organismo que existe en otros países europeos y que venía reclamando el sector «para favorecer una mayor colaboración público-privada en este ámbito, así como para que participe en la formulación, aplicación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual que sean competencia del Estado».