Así quedan las ayudas al transporte público para 2023: gratuidad de abonos, rebajas del 30%...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado esta mañana nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros contra la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania con especial foco en el coste de los alimentos. Las ayudas al transporte público es una de las medidas que continúan igual a partir del 31 de diciembre en el nuevo real decreto ley aprobado. Por lo tanto, se mantiene durante 2023: En definitiva, el Gobierno ha aprobado una prórroga del descuento del 30% al transporte autonómico para el año 2023, pero que pagará solo a las comunidades autónomas que se comprometan a ampliar la bonificación al 50% del precio. De esta forma, a la gratuidad ya anunciada de los viajes en Cercanías y Media Distancia en toda España para usuario habituales y de los viajes en autobuses de larga distancia, también para usuarios recurrentes, y a la bonificación del 50% en los trenes Avant, se suma ahora un mínimo de descuento del 50% en los transportes regionales para todo el año 2023. A diferencia de lo sucedido en los últimos cuatro meses, durante los cuales era opcional para las comunidades y ayuntamientos ofrecer el descuento adicional del 20%, ahora solo se aplicará el 30% si estas entidades financian ese descuento del 20%. Por ello, en todas las regiones en las que se aplique esta medida, la rebaja total será del 50%. Esta iniciativa supone reducir, por ejemplo, los precios del abono transportes de Madrid, que permite coger todos los transportes públicos de la Comunidad, e incluso de los territorios colindantes, incluido metro, autobuses urbanos e interurbanos o cercanías. Algunas comunidades, como Galicia o País Vasco, ya habían solicitado al Gobierno en varias ocasiones que prorrogue la medida. Otras, en cambio, como Madrid, anunciaron de forma unilateral que no prorrogarían el descuento del 50%, aunque tras el anuncio de este martes, el Gobierno podría seguir financiando el 30% de la rebaja, si la Comunidad lo solicita. Barcelona, por su parte, ya ha confirmado que seguirá descontando su 20%. En verano, todas las comunidades autónomas, además de 178 entidades locales, solicitaron las ayudas para financiar los descuentos del 30% de los abonos y títulos multiviaje de los servicios de transporte público de sus territorios entre septiembre y diciembre, que ha ascendido a 256,5 millones de euros (84,7 para Madrid y 67,1 para Cataluña). El Gobierno ha eliminado la bonificación generalizada al combustible para el año 2023 y ha decidido mantenerla solo para el colectivo de profesionales, que incluye a transportistas, agricultores, navieras y pescadores, por lo que el descuento de 20 céntimos desaparecerá el próximo 1 de enero para los clientes particulares. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras las reunión del último Consejo de Ministros de este año. Esta medida al sector profesional se prorroga hasta marzo y a partir de entonces pasa a ser de 10 céntimos por litro durante otros tres meses. La prórroga del descuento de 20 céntimos por litro para el transporte profesional por carretera se abonará al final de cada mes. Para los agricultores, la ayuda directa por el citado importe se aplicará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Tiene un coste de 240 millones de euros. Sánchez ha señalado que la evolución en las últimas semanas de los precios de los carburantes ha sido favorable, lo que explica que no se haya prorrogado para particulares, pero ha defendido que el descuento ha teniendo un «efecto indudable positivo en millones de trabajadores». Se trata de una medida que surgió inicialmente del diálogo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los transportistas reunidos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que congrega a las principales patronales del sector. Finalmente, el Ejecutivo decidió ampliarlo y aplicarlo al conjunto de la población en línea con las medidas tomadas en el resto de Europa, como en Portugal o Francia, para amortiguar el impacto de la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania. La medida se aplicó primero hasta el 30 de junio a través del primer plan de respuesta a la guerra, aprobado a finales de marzo, pero se prorrogó en junio con la aprobación del segundo gran plan para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa. El coste de esta medida para sus tres primeros meses de aplicación se estimó en 1.423 millones de euros, por lo que para el conjunto de los nueve meses ascendería a más de 4.000 millones de euros, uno de los principales motivos por los que se habría decidido su eliminación, así como por su carácter regresivo, ya que se aplica a todo el mundo por igual, independientemente de su renta. Además, el precio de los combustibles ha ido descendiendo en los últimos meses y ya se sitúa el diésel en torno a los 1,6 euros y la gasolina alrededor de los 1,5 euros, frente a los máximos de 2,1 euros y 2,15 euros, respectivamente, que han llegado a tocar este año.

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El Gobierno ha anunciado una nueva batería de medidas anticrisis

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