Los nuevos miembros del Constitucional toman posesión

Madrid

Este lunes ha tenido lugar en Madrid el solemne acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cerrando así la crisis generada por el retraso en la renovación y el enfrentamiento del CGPJ con el Gobierno. Los cuatro magistrados que se incorporan son: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa, de parte del Gobierno, y César Tolosa y María Luisa Segoviano, propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos candidatos, que ya juraron o prometieron su cargo ante el Rey, toman ahora posesión para completar la renovación parcial del Tribunal Constitucional.

Entre los asistentes estuvieron la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, entre otros cargos institucionales.

Los integrantes del alto tribunal "no representan a nadie"

El presidente saliente, Pedro González-Trevijano, advirtió en su discurso que los integrantes del alto tribunal "no representan a nadie", ni al Gobierno de turno, ni a quien les nombró, porque al tomar sus decisiones estarán a solas "con su conciencia". González-Trevijano insistió en su discurso de despedida en que la Carta Magna debe ser el instrumento "llamado a aunar, nunca a dividir" a los españoles, insistiendo en que "ni unos ni otros podemos arrogarnos un poder constituyente, ni tampoco avalar mutaciones de la propia esencia de la Constitución que resulten inconstitucionales".

El pasado 31 de diciembre los cuatro asumieron su responsabilidad ante el rey y el presidente del Gobierno después del acuerdo entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permitió designar a los dos candidatos que correspondían a este órgano, junto a los dos que correspondían al Gobierno para renovar así un tercio del Tribunal Constitucional. Los cuatro prometieron o juraron su cargo en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Felipe VI, cerrando así una crisis institucional inédita en la democracia.

González-Trevijano criticó la “hipertrofia” de legislar a golpe de decretos-leyes, algo usual “desde hace ya varias legislaturas” que “violenta el sistema de fuentes, desapodera a las minorías y atenta contra la centralidad del Parlamento”. Criticó, asimismo, que se fuercen los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad” que la propia Constitución contempla. Con la vista puesta en el funcionamiento interno del TC, González-Trevijano abogó por abandonar las “falsarias dicotomías entre conservadores y progresistas”, defendiendo las decisiones tomadas por mayoría cuando no hay “imposibles unanimidades, por los demás inexistentes en los demás ámbitos de la sociedad”.

Mensaje a la clase política

En ese punto afirmó que “el magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición”. A la hora decidir “está a solas con su conciencia y solo de ella depende”. Hizo entonces una defensa de la “indeclinable independencia” de los miembros del TC, advirtiendo que su legitimidad depende de “la ausencia de espurios vínculos”.González-Trevijano lanzó también un mensaje directamente dirigido a la clase política, a la que advirtió que la Constitución no nace “para proteger y acatar a la autoridad”, sino que es la autoridad “quien debe protegerla y acatarla” como “expresión directa” de la voluntad del pueblo español.

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